La indefensión ciudadana en materia de tránsito está a la vista en la levedad de sanciones por causar a terceros severos daños materiales a la salud y la vida desde la conducción de vehículos de motor y en la forma en que el Estado procura someter al orden a los motociclistas dejándoles sin severas consecuencias por desplazarse atropelladamente sin las garantías de indemnizaciones por exigencias de circular con apropiadas pólizas de seguro. Capaces de llevarse el mundo por delante que en la actualidad les conllevarían sanciones denominadas «de simple policía» en multas y arrestos. Para la negligencia homicida de manejar temerariamente y en embriaguez no existen sanciones condignas en República Dominicana. A nadie le es cancelada la licencia de conducir por incurrir en reincidencias con violaciones a la ley de tránsito, una y otra vez, con alto riesgo para el prójimo; No les sobrevienen cargos criminales a quienes continuamente demuestran que en sus manos los vehículos se equiparan a armas de fuego y filosos cuchillos inmunes a los semáforos.
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Ningún país del mundo alcanzaría los primer lugares en causas de mortalidad por accidentes, como ocupa permanentemente República Dominicana, sin llegar a los extremos de impunidad que a diario son visibles por estas calles y carreteras; sitios en los que ocurre, como lo más normal del mundo, que trullas de motociclistas rocen por ambos flancos a algún agente tránsito en el momento en que detiene «marcialmente» el cruce de automóviles.