La ley del embudo

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Disfruté en gran medida el candor con que Celso Marranzini desarrolló los criterios sobre “Maestros, Salarios y Calidad Educativa” en su columna del miércoles 27 de marzo de 2013. Nada me sorprendió. Así es Celso: inteligente y franco en sus convicciones.

Más que enredarse en rebatir o apoyar sus criterios, el tema conduce a cuestionar  ¿por qué no exigir a los empresarios y a los funcionarios del gobierno que cumplan con requisitos semejantes a los que algunos demandan para los maestros? Celso dice haber sospechado, desde que se anunció el aumento al presupuesto del Ministerio de Educación, que “una de las consecuencias del mismo iba a ser, como de hecho ha sucedido, que se desatara el reclamo del gremio magisterial de aumentos salariales para los maestros”. Algo parecido sospecharon otros cuando el gobierno anunció en noviembre pasado el “paquetazo fiscal” al vaticinar que los empresarios especularían con los precios de todos los productos, tal cual ha sucedido.

Lo que nunca supuso el conocido empresario fue que quien primero le entraría a dos manos a la piñata presupuestaria sería la ministra Josefina Pimentel, y no los maestros, al aumentarse el salario mensual en 62% antes de que sonara el timbre llamando a clases.

 La otrora maestra de escuela cometió esa indelicadeza negándose a sí misma la fuerza moral para cuestionar las peticiones salariales de los maestros. Claro, los beneficiarios oficiales de la piñata alegaron que ese privilegio se debió a la complejidad del cargo. Habría entonces que preguntar ¿de dónde habría salido esa complejidad ya que la Ministra era la misma del gobierno anterior y las funciones del cargo no habían sido modificadas formalmente? Aparentemente, confiaban los que hicieron el anuncio del espectacular aumento de salario, que “Nosotros los Estúpidos” no nos daríamos cuenta de la conspiración de los gobernantes para continuar con la ley del embudo y servirse con la cuchara grande.

Volviendo a los reclamos de Celso, el candor vuelve a surgir cuando recomienda a la Asociación Dominicana de Profesores que “…deberían participar junto a las autoridades en el establecimiento de normas para regular las promociones y los ascensos, basados en la medición de resultados y en el cumplimiento de estándares.

En otras palabras, un sistema de remuneración basado en méritos alcanzados”. Si esa recomendación fuera para todos los que participan en el sistema educativo dominicano, sin excepción, y no solo para los miembros de la ADP, ¿qué tratamiento le daríamos al descomunal aumento que se dio la Ministra? Si fuera por la medición de resultados, lo correcto habría sido rebajarle el sueldo a menos de la mitad. No en balde la evaluación de la educación dominicana es de las peores del mundo. Si le hacemos caso estricto a la sugerencia de que el sistema de remuneración estuviera basado en los méritos alcanzados, el mismo Celso tendría que servir de garante para el préstamo que tendría que tomar la Ministra para poder pagar por el atraso en la educación dominicana durante las gestiones de la década reciente.

El artículo de Celso no tiene desperdicios como referencia para analizar el funcionarato del Ministerio de Educación. Dice: “La fijación de un salario tope es un punto de partida que debe ser apoyado por todos”. En esto también estamos de acuerdo. Sería saludable hacerlo para toda la administración pública porque los funcionarios del gobierno de la corporación Partido de la Liberación Dominicana han demostrado que su único tope es el cielo y, luego de estar allí, aspiran a la vida eterna en el poder.

Lo justo y razonable sería establecer un tope en los salarios de los funcionarios del Ministerio de Educación en función del lugar que ocupe República Dominicana, ya en la escala de valoración global o en las calificaciones que obtengan los estudiantes dominicanos en las escalas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) que menciona Celso en su columna periodística.

Debemos coincidir con el articulista quien espera que tanto las autoridades, como los maestros, “se sumen a actividades de crecimiento personal y profesional.” Sobre todo los funcionarios oficiales, quienes disfrutan de salarios  descomunales y nunca han sido sancionados por la degeneración educativa dominicana.