Dentro del refranero popular dominicano existe lo que se llama «la ley del embudo». Esa expresión es utilizada para referirse a la desigualdad en una relación: la parte ancha del embudo para uno y la estrecha para el otro. Es decir, mucho para alguien y poco o nada para los demás. En ningún otro lugar del mundo se aplica con tanta asiduidad esta regla como en República Dominicana donde las autoridades hacen caso omiso de las leyes con tal de favorecer a las empresas poderosas.

Ejemplos sobran de los contratos en los que el cliente, y sólo el cliente, tiene obligaciones. Esta situación se da con las comunicaciones telefónicas, con la energía eléctrica, con la televisión por cable, con los alquileres, con el agua potable, con la basura y con todo lo que signifique un servicio. A manera de muestra tomemos el caso de las comunicaciones telefónicas. No importa con qué empresa se haga el acuerdo, el oligopolio de las comunicaciones ha establecido normas unilaterales de manera que las deficiencias, casuales o intencionales, pocas veces son debidamente compensadas. Un profesional de cualquier rama de las ciencias necesita en estos tiempos un magnífico servicio de voz, de datos y de imágenes para estar actualizado y sobrevivir en un mundo de alta competencia. De ahí que, obligatoriamente, tenga que contar con la tecnología más avanzada (state of the art) y pagar generosamente por ello. Es así como uno contrata un servicio básico de voz por cerca de dos mil pesos dominicanos y otro tanto por el Internet flash, evidentemente cotizaciones medidas en dólares americanos. Pero para el profesional moderno y competitivo esa suma no es un gasto sino una inversión que no puede eludir si quiere sobrevivir en el mercado.

Esto quiere decir que sólo en comunicaciones de voz, datos e imagen el cliente debe pagar alrededor de ciento cincuenta pesos diarios (tres dólares). Pero la inestabilidad del servicio recibido de manera intermitente pone a pensar en que estamos, no ante deficiencias técnicas, sino frente a una nueva política de la empresa. Nunca hay aviso previo para la interrupción del servicio ni duración prevista para el malestar. La respuesta de las máquinas o de los impasibles operadores telefónicos siempre es que «se está trabajando en ello» y que «pronto estará de nuevo en funciones». Pero, mientras tanto, la cuenta sigue corriendo y la factura no se inmuta por el mal servicio. Supuestamente uno puede llamar para hacer un reclamo en vez de que, como sería lógico, la compañía telefónica asumiera esa función automáticamente e hiciera los descuentos correspondientes. Sabichosa medida de los empresarios quienes juegan a la falta de disposición y de tiempo de una persona para fajarse a reclamarle a un empleado displicente que tiene instrucciones de seguir el «paso de hicotea», darle largas al asunto para desesperar al reclamante. Lo justo sería que se aplicara una sanción por daños y perjuicios como la que existe y nunca se cumple en la ley eléctrica. Ésta retribuye al usuario con un descuento por el doble del tiempo no servido. Porque el dejar a una empresa o un individuo sin los servicios de voz, datos e imagen provoca la pérdida de oportunidades e incumplimientos de parte de quien depende de computadoras y de teléfonos para competir.

Uno supone que la aplicación de «la ley del embudo» en materia de las comunicaciones no es asunto dirigido contra una sola persona en particular. La paranoia no ha llegado hasta ese punto. Por el contrario, debido a la reiteración de las suspensiones temporales de los servicios, da la impresión de que estamos ante la aplicación de una nueva política que genera enormes ganancias. Esto así porque se sabe que las comunicaciones en República Dominicana han estado siempre entre las mejores del continente. Y no es posible que de un día para otro esos modernísimos equipos empiecen a fallar y a fallar sólo porque se modificó la designación de la empresa. Sin pecar de injusto no puede uno menos que recordar cuando los empresarios de la electricidad han querido aumentar la tarifa. En esos momentos los apagones se desatan y no dan tregua. Lo normal es que se diga en esos casos que los insumos han aumentado de precio y que las suspensiones en el servicio son producto de la búsqueda del equilibrio financiero. Por supuesto, la única salida que esos empresarios han buscado siempre es la de obligar al usuario a pagar más por un peor servicio.

Visto el caso y comprobados los hechos, alguna autoridad gubernamental debía sensibilizarse y tratar de que, por alguna vez, el cliente tenga la razón. Y tratar de que la compensación por la falta en los servicios sea automática sin que el cliente tenga que luchar tanto para lograrla.