La aplicación efectiva de las leyes es un signo de la fortaleza o debilidad de un Estado. Cuando un Estado es fuerte y funcional las leyes se cumplen en grado satisfactorio. Cuando éstas se votan en el Congreso y luego se convierten en letra muerta, o se aplican en forma acomodaticia, podemos hablar de un Estado débil o disfuncional.
República Dominicana tiene serios problemas con la ejecución de sus leyes. En la cultura política institucional nuestra, no se valora adecuadamente la ley como uno de los ejes articuladores de la convivencia social.
Es cierto que muchas veces se aprueban leyes sin considerar una serie de factores o presupuestos que son indispensables para su vigencia, pero los costos de no aplicar las leyes, en general, siempre serán mayores que los de aplicarlas. Los ejemplos de leyes aprobadas y no aplicadas, o cumplidas medalagariamente o a la medida de poderosos intereses especiales, son abundantes y para todos los gustos.
En realidad, la precaria aplicación de las leyes es atribuible, no sólo a los órganos del Poder Ejecutivo y la administración pública, sino a muchos otros actores sociales.
Quizás el caso de la Ley General de Educación, que prescribe una inversión del 4% del PIB en el sector, es el más emblemático. Solo después que empezaron a llegar los resultados negativos de las pruebas internacionales- en los que nos quemábamos como país con notas terribles-, se produjo una reacción social relevante. Fue preciso un “pacto nacional” para empezar a cumplir ese mandato.
Pero eso no pasa sólo con las leyes de mayor complejidad. También acontece con otras sencillas pero significativas. De seguro que la mayoría de los lectores desconoce que hace más de 9 años se aprobó una ley, por iniciativa nuestra, que instituye el Premio Nacional a la Innovación en Ciencia y Tecnología, Eugenio De Jesús Marcano.
Ese premio que lleva el nombre de uno de los científicos dominicanos más insignes no ha podido entregarse. El Poder Ejecutivo no ha dictado el reglamento correspondiente, y el MESCyT nunca ha mostrado interés alguno en hacerlo. Éste último alega falta de recursos, pero la dotación es mínima, sobre todo, en comparación con el estímulo intangible que representa para los que tienen pasión por inventar e innovar.
Pero ni las universidades e institutos de educación superior, incluida la UASD, ni la Academia de Ciencias, han mostrado interés en que este premio contribuya a erigir y exaltar el necesario paradigma del investigador científico y tecnológico.

Todo indica que a pesar de las consultas realizadas para aprobar la ley, se ha impuesto la opinión derrotista de que no hay condiciones para entregar ese premio, ni tampoco para hacer con seriedad Ciencia y Tecnología, criterio que no compartimos. Esa visión es la que explica también porqué el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología ha estado sumido en un limbo de frustración.

Pero si fuera así, debemos remarcar que esa actitud es la misma qué está en la base de la débil aplicación de las leyes: la creencia enervante de que “no podemos”, de que “somos así y así somos”, que las leyes como la ciencia no son para nosotros. Es decir, rige la ley del subdesarrollo.