JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Es un hecho indiscutible que en nuestro país se introducen en el Congreso proyectos de leyes que lo único que le falta a los proponentes es presentarlas en el idioma del Fondo Monetario Internacional (FMI); es decir, inglés norteamericano con respaldo de su moneda de trabajo, el alicaído dólar en el resto del mundo, pero muy apreciado y distinguido en nuestra querida República.

El señor secretario de Hacienda, licenciado Vicente Bengoa, se ha convertido en el portavoz de esta gendarme institución, que amenaza con no conocer la Carta de Intención para la firma del Acuerdo Stand By si el Congreso no le aprueba la ley que criminaliza el robo de la energía eléctrica. Nada más absurdo puede pasar por la mente de estos «vigilantes fiscalizadores», que lo único que les interesa es que nuestro país le pague los adeudos que en su gran mayoría, irresponsablemente, suscribieron varios gobiernos, aún siendo de conocimiento que el nuestro y otros Estados miembros no estaban en condiciones de empeñarse. Obrando así, estos modernos subyugadores mantienen esos países «agarrados por el pichirrí» como diría el nacido en Gurabo y aplatanado en la Capital.

Al parecer, dentro de los que componen la misión del FMI no hay un jurista, que pueda señalar de manera fehaciente y contundente que la proposición de criminalizar el robo de electricidad es ilegal, por ser contraria a nuestra Constitución. Un contrato sinalagmático firmado voluntariamente entre las partes no puede de buenas a primeras, sin el consentimiento de una de ellas, dejar su carácter privado y convertirse en criminal, aún por la voluntad de un organismo internacional,  para la parte más indefensa (usuarios) y absolutista para el sector que calificaría el fraude o el robo. Además, esta ley sólo sería aplicable a los individuos de clase media hacia arriba, ya que la misma no contempla a los que habitan en «ranchos o barrancones», que aunque parezca extraño, en muchos casos tienen más equipos de música y electrodomésticos que los primeros. Es dable recordar que para nuestra Carta Magna todos los dominicanos son iguales ante la ley. Con la aprobación otorgada por nuestro Congreso, se aprobó la injusticia de aplicar la ley a una parte de la población dominicana violando el carácter universal que caracterizan las leyes y reglamentos.

Desde ahora en adelante, los intermediarios, es decir, los distribuidores y las generadoras, serían jueces y parte en el proceso, ya que determinarían mutuo propio quiénes cometen el robo y por supuesto, cuando son ellos, no podrán incriminarse en virtud del principio jurídico de que nadie está obligado a declarar contra si mismo. Es bien sabido que en nuestro país se importaron contadores que marchan a velocidad acelerada para incrementar dolosamente el consumo y hacer que el contribuyente pague por una energía que no consumió. Esto no puede calificarse de robo, porque son instalados “legalmente” por los amos del negocio y serían sus peritos los que determinarían su funcionalidad. De igual modo, los apagones que muchas veces son los causantes de los daños a los electrodomésticos, equipos de computación, etc., no son penalizados. Demostrarle a una de estas EDES, que fue por culpa de un exceso de corriente o bajón de voltaje lo que causó el daño o cortocircuito, es casi imposible. En una ocasión a nosotros nos instalaron corriente 220V en lugar de 110V por error y no valió que el instalador lo admitiera, la gerencia hizo caso omiso a nuestras pretensiones de reposición de los equipos averiados. Ese tipo de situación no la conocen los agentes del FMI que provienen de países desarrollados, en donde difícilmente se produzca un apagón, o lo peor como en el nuestro, «un prendión».

Debemos resaltar que al obtener el FMI que la criminalidad del robo eléctrico, no la «criminalización» como ha salido en la prensa y que es una palabra inexistente conforme al Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) se haya convertido en ley, debemos disolver el Congreso Nacional y cancelar unos cuantos secretarios de Estado, que lo único que hacen es hablar por boca de ganso de sus mentores del FMI. La Cámara de Diputados, que en su promoción tiene un eslogan que dice: «somos la voz y voto del pueblo», debe cambiarlo por: «somos la voz y el voto del FMI». Hemos llegado al punto de ser no sólo lacayos de las grandes potencias, ahora lo somos de sus organismos internacionales. Que lejos estamos de tomar la posición de Argentina y de Chile, que se endeudaron para saldar las acreencias que sus respectivos países tenían contraídas con el FMI y entonces lo mandaron a «freír tusas».

¿Qué consecuencias debemos esperar de la aprobación de esta controvertida ley? En el plano político, los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ponderaron que estamos a sólo diez meses de la contienda electoral del 16 de mayo de 2008 y que este desacierto le costará miles de votos, los cuales no los compensará el FMI con el Acuerdo Stand By. En consecuencia, este tipo impopular de medidas drásticas a los únicos que beneficiará será a los candidatos de la oposición.

Un Presidente sagaz que supo reconsiderar las medidas impositivas a los productores de bebidas alcohólicas y que deberá tarde o temprano derogar la aberrante medida de las 12: M y 2 A.M. so pena de que la mayoría de los establecimientos nocturnos (night clubes, restaurantes, bares, discotecas, colmadones, etc.) se vayan a la quiebra y los turistas se vayan a Puerto Rico, Jamaica, las Antillas Menores y Cancún, deberá sopesar concienzudamente su accionar a la hora de promulgar esta ley. Piénselo bien, porque mañana será muy tarde.