Hoy 
La cesantía, uno de los beneficios económicos que el trabajador obtiene al finiquitar su relación con el empleador con apego a las formalidades de la ley laboral, es, a juicio del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), un factor perjudicial para la competitividad de las empresas locales frente a las de países en los que no existe la obligatoriedad de este auxilio.
El grupo empresarial también culpa a la cesantía de empujar a muchas empresas hacia la economía informal, por no estar en condiciones de pagar ese beneficio a sus trabajadores. La eliminación de este pago al término de la relación contractual contribuiría -dice el CONEP- a crear más empleos formales en el país, a la formalización de empresas informales.
Estos y otros argumentos, muy combatidos por el sector sindical, los expusieron ayer directivos del CONEP que asistieron como invitados al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. En ellos apuntala el grupo empresarial su interés por una modificación del Código de Trabajo. Sin embargo, a pesar de lo que dice el CONEP, existe la preocupación razonable y justificada de los trabajadores, de que eliminar la cesantía sería un perjuicio que no tendría compensación alguna, aparte de que muchas empresas informales pagan a sus trabajadores prestaciones laborales para evitar conflictos judiciales que las pondrían a merced de la autoridad fiscal. El tema es para largo debate.
HAY QUE HACER RESPETAR LA LEY
Sin preámbulo, manifestamos aquí el respaldo de este periódico a la iniciativa de la Procuraduría General de la República que busca obligar a los conductores a pagar las multas que les sean impuestas por cometer violaciones a la Ley 241, sobre tránsito. La evasión del pago de multas por desmanes en la conducción de vehículos es uno de los más poderosos estímulos para el desorden que caracteriza el tránsito en nuestro país, que es el segundo en el mundo con mayor número de muertes por accidentes viales.
Creemos que además de denegar la expedición de actas de buena conducta a quienes no paguen las multas, la Procuraduría debería impulsar cambios en la ley de tránsito, para que la violación de la luz roja del semáforo, el exceso de velocidad y otras temeridades sean castigadas con penas de reclusión y multa, y la reincidencia justifique la suspensión de la licencia de conducir.
