DIÓMEDES MERCEDES
Dentro de la negativa tradición del despotismo autoritario, aquí, a quienes son presidentes todo se le tolera, incluidos actos impropios a la gravedad del arte de gobernar, y peor, actos fuera de ley que desembocan en males mayores y más generales, sin que sobre de ellos nadie toque el botón de alarma y prevenga a la nación de sus efectos; al contrario, la alcahuetería cortesana, el mercado mediático simplón y la costumbre pública zalamera, alaban en coro cualquier práctica terrorista en cada «jefe», tal vez para laurearlos, sin ser conscientes de que refuerzan errores de estilo y de fondo, que son de los que sedimentándose han impedido instaurar el orden público y el orden social, por el solo peso de la autoridad de las leyes en el país.

Presidentes como el saliente, al que Leonel Fernández no debe imitar, con alardes de matatanes desde su posición, inducen o consagran en los órganos de represión y persecución del delito, prácticas ilegales abusivas, tan criminales como las que creen combatir con shows sangrientos, clasistas e ineficaces, dándole salidas a casos sin darle solución a problemas cruciales del orden social de los que emanan.

Gobernar actualmente significa dirigirnos y organizarnos solucionando a fondo los problemas fundamentales que se oponen a la estrategia de nuestro desarrollo y convivencia social. No debemos entretenernos andando en la copa de los árboles del bosque de problemas que se oponen a tal propósito; los ciudadanos debemos aunque sea milímetro a milímetro co-gobernar con los elegidos aportando prácticas e ideas que sean congruentes con esas estrategias enriqueciendo las políticas oficiales aportándole o corrigiéndolas. No debemos dejarnos avasallar ni manipular por los que monopolizan el poder, por los intelectuales y profesionales orgánicos que sirven a los intereses que han causado el estado de cosas que a su vez nos han traído la descomposición integral que vivimos. Hoy, ellos concentran sus operaciones y nuestra atención en uno de sus aspectos resultantes: la delincuencia menor de las bandas y pandillas barriales; poniéndonos secundar su cacería, con obvio el interés de que estos muertos que no hieden ni tienen notoriedad les sirvan para blanquear su propia podredumbre y les quite cuestionamientos de encima. Aprovechan el prestigio actual del nuevo gobierno para usarlo escudándose en él, cercándolo, empujándolo hacia otros, queriendo reducirlo a su sirviente.

Observando lo anterior pienso que eso hay que evitarlo y tiene que hacerlo el propio PLD y la Fundación Global, a quienes la opinión pública sabe dueños del actual gobierno, si quieren sanear al país y servir al pueblo. También hemos de hacerlo otras personas, entre quienes me incluyo, y otros núcleos de la sociedad y organizaciones políticas, bajo la consigna de lucha total y simultánea contra toda delincuencia, toda violencia y sus causas, para la transición a un nuevo modelo económico y social avanzado.

Para lo anterior es imprescindible que el gobierno nacional se apegue a los instrumentos de ley, sin dejarse llevar de los instigadores que quieren a este gobierno como lo han sido los demás. El primer mes del gobierno ha recaído sobre el hacer del presidente, se sabe que es así porque la maquinaria del Estado aún no está conformada, lo que supone una sobrecarga enorme de asuntos para ser atendidos por un solo individuo. Nadie puede hacerlo todo y hacerlo bien; a eso quizás se deba el espaldarazo de Leonel Fernández a las ejecuciones de pandilleros que según testigos me cuentan, en algunos casos no usaron sus armas y pidieron clemencia en Azua. Si a ejecutar delincuentes así vamos, perderemos varios compadres de alcurnia. El principio de juicio con el debido respeto al proceso de ley, lo sabe Leonel, que es más abogado que yo; es uno de los más sabios en todas las legislaciones. Si el Estado lo viola, asegura más altos niveles de violencia y resistencia delincuencial.

Los instigadores citados, técnicos y especialistas contra terroristas, de mentalidad cuadrada, aconsejan al gobierno la «limpieza» de ésta insubordinación delincuencial de los desesperados en el país, para evitar la colombianización de la nación. Esta no es otra cosa más que la fragmentación de la autoridad y la legitimidad de un Estado, y el choque de éste con la población cuando sus gobiernos son secuestrados por cúpulas corruptas, y cuando la ley no es la razón social, sino el poder del ejercicio de la violencia de las partes, desarticuladas, confrontándose en toda la geografía irreconciliablemente. ¡Cuidado!

Muchos somos quienes pensamos en el país que la democracia es la dictadura de la ley. Que la ley es todo y el único poder y la base de la sociedad democrática.

Señor Presidente, no se deje tentar a ser otro episodio de lo mismo en el gobierno del país. Sanear la sociedad, institucionalizar el proceso democrático e iniciar la transición a nuestra modernización es su rol esperado. Ayudémonos en esta travesía política con un diálogo entre el sector oficial y este tipo de oposición política informal que muchos inorgánicamente encarnamos.