El orden forma parte de un sistema social fundamentado en la organización, la cual se estructura sobre la base de normas. Para garantizar que los preceptos cumplan su función se han establecido reglas que hoy operan como leyes. Los ciudadanos saben que muchas cosas no se pueden hacer porque las leyes las prohíben a través de diferentes instancias jurídicas. De manera que respetar las leyes en torno a las cuales se organizan las comunidades y las naciones es garantizar el orden. Jerárquicamente, quienes están llamados a velar por el cumplimiento de las leyes son los primeros que tienen que dar el ejemplo respetándolas. De ahí que siempre se haya dicho que la ley entra por casa.

El preámbulo es para ilustrar la inquietante descomposición social que sufre hoy República Dominicana como consecuencia de las violaciones de las leyes que las autoridades están llamadas a cumplir y a hacer cumplir. Si los de arriba no dan o predican con el ejemplo los de abajo no hacen más que reproducir lo que ven o les enseñan.

¿Hasta dónde la violencia callejera no es una respuesta o la expresión del clima que han propiciado las autoridades? Son muchos los que piensan que la inseguridad, el desorden y la incertidumbre que sufre la población se debe al desorden institucional que resta autoridad moral al Gobierno para exigir que se respeten las leyes. Simplemente porque las autoridades son las primeras en apartarse de las normas jurídicas.

La impunidad se ha impuesto como uno de los factores que propician la criminalidad, la delincuencia, el desorden y la descomposición social que imperan en la nación. Hoy la nación es víctima de una crisis moral y de otra legal. Si el Gobierno no se somete a la legalidad, el desorden institucional, que es alarmante, es impredecible el costo social que paga la nación. La ambición de poder no puede ser la norma sobre la que se rijan las autoridades, en desmedro del respeto, la seguridad y la confianza de la población.