La ley y la trampa a veces a cargo de unos mismos hacedores. El reclamó está formulado desde más de un litoral: el Estado no puede seguir en carencia de normas hiladas finamente para discernir con minuciosidad y robustez sus relaciones con proveedores, contratistas y concesionarios.

Están señaladas las debilidades de la Ley de Compras, contrataciones y otros actos similares número 340-06 y sus modificaciones aun cuando ahora aplicada con más empeño haya conducido a importantes acciones rectificadoras y uno que otro hallazgo de irregularidades.

Sin embargo, la acción penal contra la corrupción, que siempre busca brechas para dañar a la sociedad, requiere que sean superadas sus limitaciones, ambigüedades y ausencia de disposiciones para la efectiva tipificación de daños al sector público tras la suscripción de compromisos.

Su escasa eficacia encaja como anillo al dedo, a quienes han usado las arcas nacionales y los manejos presupuestales para el espolio y que luego se haga difícil incriminarlos y llevarlos ante la justicia.

Han abundado los concursos amañados para dar visos de legalidad a verdaderas tropelías contra los bienes de la nación.

Como acaba de anunciar el Ministerio Público, ha faltado rigor en la selección de beneficiarios, lo que ha derivado en adjudicaciones a quienes menos califican, sea por sus nexos familiares o personales con el poder, públicos o enmascarados, cayendo flagrantemente en conflictos de intereses en afán de enriquecimiento ilícito, actos que deben castigarse duramente.