La libre expresión de ideas no debe correr peligro. Atentaría a la libertad de expresión, consagrada constitucionalmente, el proyecto de ley aprobado únicamente por el Senado con el supuesto fin de proteger la imagen e intimidad de las personas pero a modo de herramienta de texto impreciso y generalizaciones aprovechables para reprimir voces legalizando la censura previa.

La absoluta prohibición de llegar periodísticamente a ámbitos privados, blindaría por igual las actuaciones respetuosas del orden y aquellas que no lo serían y se valen del ocultamiento para agraviar a la sociedad.

Bajo el manto extralimitado de una ley sin legitimidad y contraria al artículo 8 inciso 6 de la Carta Magna sobre libre expresión del pensamiento, estarían vedados por igual a los ojos del país interioridades inofensivas, maritales y familiares que no interesan y efectivamente deben respetarse, y posibles evidencias para conformar expedientes criminales.

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Ninguna ley que coarte la búsqueda de informaciones para la configuración final de hechos y conductas estaría a favor de los intereses de la sociedad y de la justicia, que es ante la que debe demostrarse a posteriori el que específicas divulgaciones incurrieron en agresión a la dignidad de ciudadanos o atentaron contra el orden público y las buenas costumbres.

República Dominicana es signataria del compromiso universal de no aplicar censura previa ni restringir por medio de abusos y controles oficiales, o indirectamente, la libre expresión de las ideas y no hay motivos para disminuirla.