La libre expresión será defendida con con toda dignidad. Procedía que en algún momento apareciera algún propósito de rectificación a la inusitada, reciente e inquietante serie de propuestas legislativas dirigidas a coartar la difusión del pensamiento con desproporciones penales en un país donde ya resultan suficientes las normas legales y jurisprudencias que regulan la comunicación social.

La tarea de unificar criterios sobre los aspectos regulatorios que deban ser actualizados ha sido puesta por el Poder Ejecutivo en manos de una comisión mixta de los ámbitos jurídico y periodístico que producirá un texto que el decreto 333-22 denomina borrador.

En él han de aparecer las recomendaciones y demandas de quienes en modo alguno aprobarían que pase hacia la elaboración definitiva de una ley aquello que suponga un riesgo para la libre expresión del pensamiento o que pueda contradecir inopinadamente la tendencia generalizada a suprimir tratamientos penales, susceptibles a la manipulación y al exceso contra de la comunicación.

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A partir de que, en los hechos, el ciberespacio es aprovechado para crímenes y delitos de alta tecnología, las innovaciones al control legal existente no deben dar oportunidad a persecuciones que resten espacio para el fluir de versiones por las opciones digitales, existiendo desde siempre recursos legales para exigir rectificaciones, desagravios y formular demandas.

Endurecer sanciones y aplicar censura previa sobreprotegería de críticas, incluyendo las absolutamente legítimas, a las clases dirigentes.