Como es habitual, se produce otro escándalo en la forma de escogencia del Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, LMD. Y como siempre, el escándalo evidencia la debilidad institucional dominicana, la miseria e impudicia del sector mayoritario de la  clase política y la subordinación del poder municipal al gobierno central.

A pesar de que por la  Ley 166-03, los ayuntamientos reciben los recursos directamente del gobierno central, y no a través de la LMD, como era antes, este organismo dispone de más de 700 millones de pesos al año para “asesorar” a los ayuntamientos en los “asuntos de planificación en la elaboración de presupuestos y áreas técnicas”.  Esos recursos se obtienen a través la retención de un  5% a  favor de la LMD,  del total que se asigna a los ayuntamientos.

Según el informe del PNUD del 2008 sobre el desarrollo humano en el país, después de la modificación esa y de otras leyes relativas al régimen municipal dominicano, los recursos reales de la LMD se han multiplicado por  21 en los últimos once años, mientras que los de los ayuntamientos se han multiplicado por 12.

Un incremento netamente favorable a la LMD.

Todos sabemos que en términos de cantidad y calidad, la “asesoría” que hace esa institución a los ayuntamientos no se corresponde con la cuantía de esos recursos.

También es de público conocimiento que después del incremento de la asignación de los recursos a los ayuntamientos, en sentido general, no se ha verificado una sustancial mejoría de los servicios que estos deben ofrecer a sus comunidades, tampoco un fortalecimiento institucional de estos, ni de su capacidad de generar recursos propios.

En lo que respecta a la LMD, ésta no ha podido “reducir la corrupción, aumentar la transparencia y eliminar el clientelismo”, como dijera Francisco Domínguez, senador del PLD al momento de aprobar la Ley 166-03.

Los más de 700 millones de que dispone esa institución, sólo han servido para engrosar los bolsillos de la fracción de la clase política que resulta beneficiada del desenlace de garata con puños que sirve de escenario para la elección de su Secretario General.

Una LMD, fuente del dispendio y del latrocinio y unas autoridades municipales que, salvo honrosas excepciones, no logran legitimarse por la calidad de los servicios que ofrecen, es lo que sirve de contexto a ésta y otras garatas por el control de la LMD, en esta ocasión encabezada por el Presidente de la República con el objetivo de imponer su voluntad y la de su partido a todos los alcaldes y regidores del país. Otro acto de vulneración de  la institucionalidad democrática, de real atraso y retroceso político.

Todo Estado debe tener una instancia donde el poder local se relacione con el poder central, donde se tracen las grandes líneas de las políticas urbanas, de desarrollo local y de ordenamiento territorial, pero esa función no puede hacerlo esa LMD de garatas con puños. Tampoco con la práctica municipal que prevalece en el país.

Eso determina la no viabilidad de cualquier estrategia nacional de desarrollo o de cualquier programa electoral.

Esperemos el próximo 26. La garata no ha terminado.