De más de 30 casos de corrupción administrativa llevados a la justicia desde 2007 a la fecha, solo 12 han terminado en imputación de responsabilidad y condena para los funcionarios y empleados de distintas instituciones públicas y descentralizadas, y 17 están pendientes de decisión en tribunales, incluido el Constitucional.

La mayoría de esas estafa contra el Estado, prevaricación y malversación de fondos por miles de millones decometidos entre 2004-2008 y 2006-2010. Los demás datan de 2000-2004 y 2008-2012, según un informe de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Solo 4 son de la CC. Laura Guerrero Pellestier, directora de la Pepca, resaltó que de los casos de los que se han obtenido sentencias condenatorias, solo los de los cuatro ayuntamientos (San José del Puerto, Villa Altagracia, Los Alcarrizos y San José de Ocoa) han sido remitidos a la Pepca por la Cámara de Cuentas (CC). Guerrero Pellestier dijo que el resto han sido investigados por denuncias de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y algunos funcionarios.