El Centro de Atención al Ciudadano instalado por la Procuraduría General de la República en la avenida Máximo Gomez recibe diariamente a cientos de personas que allí obtienen documentos cuidadosamente emitidos con fidelidad de procedencia. Además se controla la autenticidad  de las firmas de notarios públicos y se expiden a partir de un banco de datos los certificados de no antecedentes penales, al tiempo que se depuran  las  fichas policiales sin  fundamento.

El Centro de Atención al Ciudadano del Distrito Nacional, adscrito a la Procuraduría General de la República, es la unidad legal que controla la firma de los notarios públicos y secretarios de los tribunales, y la que registra los actos auténticos, para evitar la falsificación de documentos bajo firma privada.

Es la entidad encargada de otorgar los documentos de no antecedentes penales (papel de buena conducta)  y de eliminar las  fichas que fabricaba  la Policía Nacional a los ciudadanos a los que consideraba violadores de las leyes.

Este centro recauda diariamente alrededor de medio millón de pesos, provenientes de los impuestos que  paga la población por los sellos requeridos para legalizar  documentos. La labor se ejerce  en medio de una lucha para contrarrestar la “magia” de los denominados “buscones”, como se les llama a los falsificadores de documentos personales.

La unidad está  ubicada en el Distrito Nacional en la avenida Máximo Gómez número 21, donde cumplirá dos años. Adriana Torres, encargada del Centro, que abre sus puertas a las 8:15 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, comenta  que son la  salvaguarda de las firmas de los profesionales con fe pública, es decir, notarios y secretarios de tribunales.

Diariamente recibe cientos de abogados y personas de todas las clases sociales que por cuenta propia gestionan certificar firmas para otorgar poderes en contratos y todo tipo de venta de muebles e inmuebles. Así como los intérpretes judiciales y  autorización de padres para que sus hijos viajen fuera del país y  legalización. Las estadísticas del organismo revelan que para esta fecha y hasta el mes de septiembre se incrementan los consentimientos legales de padres para que los menores vacacionen en otras naciones.  “Nosotros legalizamos actos notariales y las  sentencias de los tribunales”.

Exonerados de pago. A los menores de edad no se les cobra por la certificación de su situación jurídica, y la entrega de sus documentos está reservada a un adulto. En tanto, los adultos pagan RD$350 por la  legalización de los actos notariales y RD$300 por los impuestos para las sentencias.

Agilidad en  proceso de extinción de la acción penal

Si la persona es descargada del  hecho  imputado, concluye el tiempo de su  sometimiento o cumplió condena, tiene derecho a limpiar su registro en este centro, presentando la documentación que lo  acredita.

La directora, Adriana Torres, con  cinco años en el cargo, indica que tienen muchos usuarios que solicitan legalizar documentos con fines de viaje.      Existen Centros de Atención al Ciudadano en Santiago e Higüey. El próximo centro será abierto pronto  en Santo Domingo Este para toda esa provincia, debido a que la zona tiene  el grueso de la  población que demanda  esos servicios. La mayoría de gente que procura que se le retire del  sistema judicial la ficha que lo señala culpable de algún delito o crimen, corresponde (en grado descendiente) a homicidios, drogas, robos y asociación de malhechores. El centro estuvo situado antes en la sede de la Procuraduría en el Centro de Los Héroes, en el edificio del Instituto Postal. Rosa Rosario, estudiante de Derecho, gestionaba un  documento de no antecedentes penales, para irse a vivir con su novio a Francia.