SANTO DOMINGO. AP. Tras haber permanecido en República Dominicana los últimos 12 años, el haitiano Romain Renelus teme que la nueva disposición migratoria que lo obliga a realizar el lento y costoso trámite de residencia lo ponga, como a miles de inmigrantes, en riesgo de perder su trabajo y ser deportado.  

“Resolver el costo de eso (el trámite) es muy duro para nosotros”, dijo Renelus, de 40 años, mientras limpiaba el jardín del condominio de un sector residencial de Santo Domingo, donde gana 235 dólares al mes por su trabajo como portero de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.  

El nuevo reglamento de migración, cuyos plazos de aplicación entraron en vigencia oficialmente el primero de junio, exige que todos los extranjeros, incluidos los miles de haitianos ilegales, tengan permiso de residencia y, por primera vez, establece multas de entre mil 500 y siete mil 900 dólares a los empresarios que contraten a inmigrantes sin permiso migratorio.  

La medida plantea un duro desafío principalmente a los cientos de miles de haitianos que durante décadas han emigrado sin documentos a la vecina Dominicana, donde representan la mano de obra mayoritaria, entre albañiles, peones en el campo, porteros y vendedores ambulantes.  

Las nuevas disposiciones buscan organizar el “caos que genera el actual estatus de ilegalidad del mercado laboral, que se nutre de mano de obra extranjera” sin permiso migratorio, explicó el director de Migración, José Ricardo Taveras.  

El reglamento también oficializará las disposiciones de la nueva Constitución, de 2010, que a diferencia del pasado no otorga la nacionalidad dominicana a los hijos de los trabajadores migrantes temporales nacidos en el país.  

Su estatus migratorio. Durante décadas, miles de descendientes de inmigrantes ilegales haitianos fueron registrados como dominicanos, pero el gobierno comenzó en 2007, pese a las críticas de grupos de derechos humanos y organismos internacionales, a anularles sus actas de nacimiento al considerarlas fraudulentas.  

La nueva regulación exige que los contratistas se aseguren que sus empleados haitianos regresen a su país al término de su contrato, pese a que la mayoría ha permanecido en territorio dominicano por varios años e incluso décadas.  

Renelus, cuyo pasaporte y visa ya vencieron, tenía previsto comenzar esta semana los trámites para renovar sus documentos. Mientras el pasaporte le costará 120 dólares, la renovación de la visa representará 200 dólares adicionales.  

Un proceso largo y costoso. Pero eso sólo es el comienzo del largo proceso de regularización. Los inmigrantes deben pagar varios impuestos, examen médico y viajar a su país para tramitar y apostillar sus actas de nacimiento y certificados de antecedentes no penales.  

“Esos son muchos cuartos (dinero)”, insistió el hombre que no ha vuelto en 12 años a su natal Arcahaie, en la costa central de Haití, y que para mantener a su esposa y a sus dos hijas, de 17 y nueve años, también trabaja por las noches como velador en otro edificio residencial donde gana 210 dólares al mes.  

Renelus también debe tramitar la residencia de sus dos hijas porque la Dirección de Migración advirtió que sancionará a las escuelas que permitan el ingreso de estudiantes extranjeros sin permiso migratorio.  

Los grupos empresariales, que deberán tramitar las residencias de sus trabajadores, la embajada haitiana y las organizaciones de derechos humanos han expresado temor y desacuerdo con las nuevas disposiciones.  

“Va a ser un proceso traumático y no se va a poder cumplir”, dijo a The Associated Press el sacerdote Mario Serrano, director del Centro Bonó, una de las principales instituciones de defensa de los derechos de la comunidad haitiana.  

El sacerdote insiste que el nuevo reglamento creará “un caos” porque más que ofrecer soluciones “coloca trabas al proceso de regularización”.  

Insisten en que Haití desconocía el reglamento. Edwin Paraison, ex ministro de los haitianos viviendo en el exterior, dijo a la AP que es “apresurado” el comienzo del proceso, ya que no se estableció ningún acuerdo con el gobierno de Haití para agilizar la emisión de documentos, como pasaportes, actas de nacimiento y certificados de antecedentes no penales.  

“Es inconcebible que se haya iniciado la puesta en vigencia de la ley de migración sin una campaña mediática en creole”, insistió Paraison, lo que impide que mucho de los inmigrantes haitianos, que sólo hablan esa lengua, se enteren de las nuevas disposiciones migratorias.  

Antonio Pol Emil, activista en defensa de los derechos de la comunidad haitiana, consideró que “el proceso es difícil y costoso; eso es un estímulo para continuar la forma irregular de la contratación de haitianos”, que incluye el tráfico clandestino de personas arropado bajo la corrupción y complicidad de algunas autoridades fronterizas.  

El activista explicó que el programa también deja fuera a aquellos migrantes que como Renelus laboran de forma independiente, sin contrato en una finca o en una construcción, así como a “miles de envejecientes que ya no trabajan, pero que han dado su vida” como peones en los campos agrícolas dominicanos.  

El embajador haitiano Fritz Cinéas pidió el 31 de mayo, de forma previa a la entrada en vigencia del reglamento y ante temor del comienzo de las deportaciones, que las autoridades dominicanas respeten los derechos humanos de los trabajadores transfronterizos, “que están por encima de cualquier estatus migratorio”.  

Posición de migración.Taveras, director de migración, ha reiterado que aunque no postergará la implementación del reglamento como lo solicitaban los empresarios, no se aplicarán multas durante las primeras semanas y tampoco se realizarán redadas para deportar migrantes.

Aseguró que colaborará con los empresarios para que tramiten las residencias temporales de sus trabajadores.  

Aún se desconoce cantidad de inmigrantes haitianos en el país. La dirección de Migración, la Cancillería y Naciones Unidas estiman que en República Dominicana vive un millón de inmigrantes de Haití, en su mayoría sin permiso de residencia y sin ningún tipo de documento de identidad.  

Sólo en el sector de la construcción, los haitianos representan poco más del 52% de los albañiles y de ellos 58,7% carece de cualquier tipo de documento, según un estudio del ministerio del Trabajo difundido en febrero.  

La Junta Agroempresarial estima que el 80% de los trabajadores de las fincas arroceras y 60% de las bananeras son inmigrantes de Haití. Los haitianos también son mayoría en el poderoso sector azucarero.  

El dinero que los trabajadores haitianos envían a sus familias en su país representa el 11% de las remesas que llegan a Haití, una cifra sólo superada por los envíos desde Estados Unidos, según un estudio del Banco Mundial difundido a principios de junio.  

La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas y la Junta Agroempresarial reconocen que, ante la falta de mano de obra dominicana dispuesta a hacer los trabajos menos calificados, es imposible limitarse a la cuota de un máximo de 20% de trabajadores extranjeros, como lo establece el código de trabajo.  

Por ello, las diferentes asociaciones de empresarios han insistido que el proceso de regularización de trabajadores transfronterizos tendrá un impacto negativo y “un gran costo” en el sector productivo.  

El reglamento obliga por primera vez a los empresarios a incluir a sus empleados haitianos en el sistema de seguridad social y cubrir sus cuotas.  

Osmar Benítez, vicepresidente de la Junta Agroempresarial, explicó en recientes declaraciones a la AP que el costo del trámite de residencia por cada trabajador será de entre 700 y 800 dólares y llevará varios meses.  

El costo del trámite de residencia puede ser similar a lo que un haitiano temporal gana en seis meses de trabajo en el campo o como albañil.  

Benítez aseguró que dos de las grandes empresas agrícolas comenzaron la regularización de sus peones haitianos hace seis meses y sólo han conseguido las residencias temporales de 42.  

Anunció que esta semana la Junta Agroempresarial comenzará los trámites para otros 100 trabajadores como una forma de evitar que las empresas sean multadas.   “La cosa está difícil; yo estoy tratando si me pueden ayudar (para realizar el trámite), si no, yo me voy para mi país; aquí uno se esfuerza mucho por nada”, lamenta Renelus ante la posibilidad de ser deportado con su familia, cuya hija mayor aspira a ingresar a la universidad de Santo Domingo en 2013.