En su contraofensiva a las ventajas que amparan negocios instalados por inmigrantes chinos, una representativa comunidad de comerciantes del país ha insistido, sin que las autoridades pongan caso, en que sus competidores asiáticos escapan injustificadamente al pago de impuestos por expendios e importaciones y a otras obligaciones que elevan costos operativos por pagos salariales y a la Seguridad Social. Por tratarse, como parece, de una omisión sistemática de cobro impositivo (y no de evasión flagrante) las empresas perjudicadas por lo que describen como competencia desleal merecen mucha atención en su reclamo de que, de la misma forma en que las fiscalizan y les aplican tributos que no pueden eludir, el Estado haga valer sus facultades y leyes sin discriminación. Sin irritantes excepciones.

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Los establecimientos que estarían escapando a la acción recaudadora y a las normas que amparan a los trabajadores en su relación con los empleadores logran que el flujo de la demanda se incline a su favor auspiciando un creciente perjuicio a sus competidores de buena ley y de respeto a las reglas de juego.

Una desproporción que pone en riesgo la rentabilidad y la existencia misma de intermediarios que generan ingresos al fisco y empleos a la colectividad nacional; una desigualdad de tratamientos que irrumpió en el mercado de buenas a primera; y mientras más dure, más daño causará a intereses formales y al propio Gobierno obligado a ser justo.