La mal llamada Casa Argentina

Después de catorce conflictivos años y de duro batallar ¡por fin! la Dirección General de Bienes Nacionales, por la firme decisión de su administrador el licenciado Bienvenido Brito, quien tuvo a bien verificar la legitimación de la documentación y los alegatos tanto jurídicos como morales de la Sucesión de Francisco Vicioso, nuestra representada y propietaria del inmueble, procedió a emitir el cheque que saldó el compromiso contraído por la administración anterior. Sin embargo, debemos admitir que la Sucesión Vicioso admitió para la solución final, una sustancial rebaja del precio acordado previamente. Inclusive, debió asumir además, el precio de la devaluación que sufrió frente al dólar nuestro signo monetario. Al momento del recibo de la compensación, la divisa norteamericana estaba al 40 x 1; es decir, una reducción mayor del 75% del valor adquisitivo del peso.

En la administración pública hay muy pocos funcionarios que se hayan caracterizado por su capacidad, y voluntad de servicio. Dentro de este reducido grupo, por supuesto no se encuentran el doctor Abel Rodríguez ni el licenciado Amarante Baret, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y administrador de Bienes Nacionales, respectivamente, del gobierno pasado. El inmueble que albergó la “Casa Argentina” fue declarado de utilidad pública en el año 1999 y el propio Abel Rodríguez Del Orbe se comprometió a que si se permitía la declaración de utilidad pública sin oposición, el inmueble sería debidamente compensado y a tal efecto se redactó con Bienes Nacionales un contrato en el que se convenía recibir el pago previamente acordado en tres cuotas de igual valor sucesivas cada seis meses, Bienes Nacionales estaba en disposición de honrar el compromiso de adquisición inmediata. Conociendo al doctor Rodríguez Del Orbe desde los tiempos estudiantiles en la Universidad de Santo Domingo y creyendo en una vieja amistad que al parecer nunca existió, dimos nuestra aquiescencia y fuimos burlados vilmente en nuestra buena fe. A requerimiento de la Consultoría Jurídica de Bienes Nacionales de aquel entonces, nos cansamos de aportar documentos adicionales exigidos pretextando que el expediente no estaba completo y que por eso no se procedía al desembolso. Incluso nos solicitaron la entrega del original del Certificado de Título que ampara dicho inmueble y firmarse el acto de venta con los plazos antedichos. ¡Cuánta inconsecuencia de parte de estos dos, afortunadamente ex funcionarios! Este tipo de actuación le costo, tanto a ellos como a su Partido, el destierro del poder.

La administración del doctor Balaguer, donante como acostumbraba de lo que no era suyo, decidió fusionar dos inmuebles para complacer a una señora, que sin haber sido una diplomática de carrera, gozaba de un padrinazgo en las altas esferas gubernamentales, merced a su desprendimiento generoso de bondades. El viejo gobernante, admirador de la Patria de San Martín decidió, sin profundizar en el estado jurídico del inmueble, donárselo a esta señora de horca y cuchillo. A su vez, esta emprendedora dama, nombró como gerente a su padre, importó vinos de Mendoza y denominó al inmueble con el pomposo nombre de: “Casa de la Cultura Argentina”.

Los problemas comenzaron cuando “los distinguidos embajadores Meccía y Palma” se vieron involucrados en el asesinato del menor Llenas Aybar. En efecto, el primo y victimario denunció que en ese inmueble había sido inducido por el esposo de la embajadora a realizar actos inmorales y que además había observado el cuerpo inerte de una persona. Al producirse estas contundentes declaraciones, los Meccía Palma tomaron las de Villadiego y esta es la hora que todavía “disfrutan de una dudosa libertad”.

Debemos admitir que estas acciones criminales fueron la que permitieron que nosotros pudiésemos iniciar el proceso de recuperación del inmueble, ya que fue invalidado el decreto de donación emitido por la administración del presidente Balaguer. Concomitantemente, el título de la Sucesión Vicioso fue admitido como bueno y válido, pero las autoridades se negaban a la devolución del inmueble. Surge entonces, un movimiento de ciudadanos que sugerían que ambos inmuebles fuesen adquiridos por el Estado Dominicano y se les donara para fundar la “Casa de las Fundaciones”. Estas organizaciones se encuentran hoy instaladas en ambos inmuebles producto de dicha expropiación y posterior donación.