Hoy 
Por Constanza Vieira y Diana Cariboni
Enviadas especiales*
QUIBDÓ, Colombia, oct (Tierramérica) «Esto está lleno de paludismo», dicen una docena de hombres en botas de goma y metidos en el agua que anega el poblado de Tanguí, sobre el río Atrato, en el selvático noroeste colombiano.
Es la quinta inundación este año. Las 120 familias de Tanguí viven a veces de a dos y tres en las casas palafíticas.
Por la calle se avanza en canoa. Niños juegan en el agua estancada. No hay enfermeras, las brigadas de salud llegan «de vez en cuando» y porque las manda «el gobernador, que es amigo del alcalde», relatan los hombres a Tierramérica.
A media hora en lancha está Quibdó, capital departamental de Chocó, corazón de esta selva tropical húmeda ideal para los mosquitos transmisores del paludismo o malaria. Llueve torrencialmente casi todos los días.
En la guerra colombiana, muchos de quienes huyen de zonas infestadas llevan consigo la malaria.
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, entre 1999 y 2006 casi 70 mil personas se desplazaron en Chocó, de unos 800 mil habitantes, de los cuales 78,3 por ciento son pobres.
«La malaria no nos ha disminuido. Y estamos con pequeños brotes, incluso en sitios donde hace dos o tres años no se presentaban», dice a Tierramérica el técnico José Dolores Palacios, del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles por Vector de la Secretaría de Salud del Chocó.
Son 58 casos en comunidades del río Bebará, municipio del Medio Atrato, más de 90 en Managrú, cabecera del Cantón de San Pablo, y más de 50 en Bellavista, 228 kilómetros al norte de Quibdó, donde estalló un brote «cuando fue el presidente» Álvaro Uribe a inaugurar el nuevo poblado construido por el gobierno, el 13 de este mes.
Hasta septiembre de este año se reportaron 19 mil 971 contagios en Chocó y, en 2006, 12 mil 441, pero el aumento obedece al anterior «subregistro». Las máximas previas se registraron en 1998, con 31 mil 713 casos, y en 2002, con menos de 32 mil, indica Palacios.
Ahora, 13 funcionarios recolectan datos en zonas rurales, suministrando medicamentos y controlando la calidad de los puestos sanitarios, explica.
El paludismo, causado por parásitos Plasmodium transmitidos de una persona a otra por picaduras de mosquitos infectados, es prevenible y curable. Pero mata a más de un millón de personas anualmente en el mundo, la mayoría en África, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fiebre, dolor de cabeza, vómitos y temblores se manifiestan entre 10 días y un mes después de contraída la infección. Si no es tratada rápidamente, puede ser mortal.
Un paciente con Plasmodium falciparum, el más virulento de los cuatro tipos de paludismo, sufre un episodio febril cada tres días y así no puede trabajar, explica a Tierramérica el médico Carlos Agudelo, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional. «Mientras dure la enfermedad, la persona puede estar incapacitada 15 días por mes», agrega. Según la cepa, la infección puede durar años.
La gente se infecta una y otra vez en las zonas endémicas, y muchos se acostumbran a trabajar con estados febriles más leves, añade.
Gran parte de Colombia tiene paludismo endémico. Más de 25 millones de personas viven en zonas maláricas. En 2004 se registraron 25 muertes –según el Ministerio de Protección Social– y 123 mil 177 casos, más de 47 por ciento de las infecciones en la región occidental-Pacífico, donde está Chocó.
Además «están apareciendo muchos casos complicados de P. vivax», advierte a Tierramérica la epidemióloga María Victoria Valero, del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional.
La malaria causa «anemia infantil y de mujeres embarazadas, bajo peso al nacer, partos prematuros y mortalidad infantil», según el Informe Mundial sobre el Paludismo 2005, publicado por la OMS.
Para Valero la malaria está desatada en toda Colombia. Agudelo insiste en que creció mucho hasta hace «cinco o seis años» y se estabilizó, con ocasionales brotes epidémicos. Ambos coinciden en que el desarrollo es el único remedio efectivo.
Colombia adhirió a la campaña mundial que busca «Hacer retroceder el paludismo» a la mitad para 2010, pero no parece en camino de lograrlo.
No resultaron ni las campañas nacionales del desaparecido Servicio Nacional de Erradicación de Malaria (SEM, creado por decreto en 1956) ni los esquemas adoptados desde 1993, cuando el país descentralizó el sistema de salud y pasó la carga a los municipios, opina Agudelo.
Tras el desmantelamiento del SEM, Colombia demora «hasta 15 días en diagnosticar y tratar un caso. Mientras, se pueden contagiar muchas personas», señala Valero.
Los pobladores de Tanguí insisten con la falta de enfermeras y la inundación. «La solución es rellenar el pueblo y canalizar las bocas del Atrato» en el mar Caribe. La deforestación genera sedimentos que bloquean 12 de sus 14 desembocaduras. «Hay que canalizar abajo para que no se suba el agua», explican con impecable lógica.
Pero la lógica no asoma en el único y paupérrimo hospital de Quibdó, donde algunos pacientes duermen en el suelo y no siempre se atiende a quienes llegan de comunidades alejadas, denuncia a Tierramérica el defensor del Pueblo de Chocó, Víctor Raúl Mosquera.
«Tienen que ir a otras clínicas montadas aquí, donde también se les niega el servicio. Murieron niños por eso. Les hacen una especie de ‘paseo de la muerte'», remitiendo a un enfermo de un centro a otro hasta que fallece, afirma.
* Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Chocó. El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística.
**
Pugna por aplicación de ley forestal hondureña
Por Sonia Edith Parra* – IPS/IFEJ
Quién redactará el reglamento de la ley forestal de Honduras y cómo lo hará son cuestiones clave para la suerte que correrán los bosques de este país, dicen ecologistas.
LA CEIBA, Honduras, oct (IPS/IFEJ) La guerra desatada en Honduras por la tala ilegal de madera se traslada ahora a la reglamentación de la Ley Forestal – Áreas Protegidas y Vida Silvestre, dilatada en el Congreso legislativo.
Tres días después de aprobada, una ley debe pasar a la comisión de estilo (designada para revisar y corregir el texto) y, luego, ser promulgada por la presidencia y publicada en la gaceta oficial. En este caso, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) deberá elaborar la reglamentación en un plazo de tres meses.
La norma tuvo sanción legislativa el 13 de septiembre, por eso no se entiende el retraso, dijo a esta periodista Aída Romero, de la Fundación Democracia sin Fronteras.
La demora se debe al ordenamiento de sus casi 200 artículo, afirmó Ana Lanza, de la Secretaría General del Congreso.
Detrás de esta lentitud está la presión del sector forestal, por el cual se tardó ocho años en aprobar la ley, según un activista que pidió no ser identificado.
Las exportaciones declaradas de madera a Estados Unidos son de tres millones de dólares, pero lo que realmente se vende asciende a 6,8 millones de dólares, o sea 226 por ciento más, afirmó para este artículo Andrea Johnson, encargada de tala ilegal de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con sede en Londres.
Gran Bretaña y España importan madera hondureña por 100 mil y 1,3 millones de dólares, pero los montos verdaderos son de 1,6 millones y 2,6 millones de dólares respectivamente, agregó.
La participación de las comunidades en consejos consultivos forestales, la regularización de tierras forestales –con delimitación de áreas de protección, conservación, manejo mediante contratos comunitarios, protección de fuentes y cursos de agua–, y penas de prisión de hasta 15 años por delitos ambientales, son algunos de los aportes más sobresalientes y controvertidos de la ley.
Para la Fundación Democracia sin Fronteras, portavoz de la Coalición por la Justicia Ambiental que agrupa a ocho organizaciones ecologistas de Honduras, la reglamentación es fundamental porque allí es donde se puede implementar correctamente la ley o cambiar por completo su espíritu.
Por eso, y ante la demora del proceso, la Fundación entregó el texto aprobado a la comisión de estilo del Congreso, junto con algunas sugerencias de correcciones, para que no se siga dilatando la reglamentación, afirmó Romero.
La Coalición prevé una campaña de difusión para que las comunidades asuman el papel que les compete dentro de los consejos consultivos.
Asimismo, vigilará la reglamentación que estará a cargo del director ejecutivo del ICF, creado por la ley para reemplazar a la cuestionada Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor).
Pero la Coalición se apartará del proceso si en ese cargo se designa a Ramón Álvarez, actual gerente general de Cohdefor, cuya gestión ha sido objeto de denuncias de corrupción, aseguró Romero.
El propio Álvarez invitó a la Coalición a participar en la reglamentación, cuando siendo director de Cohdefor se oponía a reformar la legislación forestal, enfatizó Romero.
Según una investigación realizada en 2005 por la EIA, en Honduras existe una red dedicada a la alteración fraudulenta de permisos, sobornos, expedición de títulos de propiedad falsos e intimidaciones, que implica a políticos, a la Cohdefor, empresas madereras, aserraderos, transportistas, taladores, alcaldes, policías y otros funcionarios.
Firmas como José Lamas SRL, Maderas Noriega, Sansone, Serma, Derimasa y Yodeco son las principales proveedoras de madera para compradores en Estados Unidos y Europa, como Aljoma Lumber, Home Depot e Intergro, sostiene el informe de la EIA.
**
ECOBREVES
MÉXICO
Observatorio ambiental comienza a fin de año
MÉXICO.- Abogados contratados por organizaciones no gubernamentales empezarán en diciembre a vigilar con lupa la actuación de las autoridades ambientales de México para frenar cualquier irregularidad.
«La vigilancia se hará, si es necesario, en los mismos pasillos de las oficinas de gobierno; será un seguimiento cercano y sin concesiones», dijo a Tierramérica Alberto Székely, del despacho de abogados privados Defensoría Ambiental.
El Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental es una iniciativa de más de 50 organizaciones independientes, entre ellas Greenpeace y el Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat.
Székeley explicó que los patrocinadores del Observatorio, que operará con un presupuesto anual de 25 mil dólares, esperan contar con el pleno apoyo de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente. «Haremos una estricta vigilancia, independiente y profesional», advirtió.
BRASIL
Autobús a etanol rueda en São Paulo
RÍO DE JANEIRO.- São Paulo pondrá en circulación el primer autobús impulsado exclusivamente a etanol en diciembre, como prueba por un año.
La metrópoli brasileña se incorpora así a la iniciativa BEST (Bioetanol para un transporte sustentable, por sus siglas en inglés), encabezada por Estocolmo y presente en ciudades de siete países, anunció el martes 23 el Centro Nacional de Referencia en Biomasa, que coordina el proyecto en Brasil.
Es una alternativa que se podrá adoptar a gran escala rápidamente, reduciendo los dramáticos niveles de contaminación local, explicó a Tierramérica Marcio Schettino, gerente de Desarrollo de la Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).
La tecnología, de la sueca Scania, no exige cambios operativos en Brasil, acostumbrado al etanol. La EMTU sigue probando alternativas, como biodiésel, hidrógeno y el autobús eléctrico híbrido, cuyo primer modelo nacional se mostró ineficiente.
ARGENTINA
Gobierno cerrará basurero
BUENOS AIRES.- Tras cinco días de protestas frente al vertedero argentino de Punta Lara, al sur de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el gobierno se comprometió el 23 de este mes a cumplir en diciembre el mandato judicial de cerrar el establecimiento.
Durante esos días se suspendió la recolección de residuos de 1,5 millones de personas, lo que, en vísperas de las elecciones generales del domingo 28, forzó a las autoridades a asumir un compromiso político, dijo a Tierramérica Alejandro Meitin, de la organización Ala Plástica.
El basurero recibe mil 200 toneladas diarias de residuos de seis municipios, y la justicia ordenó cerrarlo. Pero los vecinos dicen que los fallos judiciales se ignoran y las autoridades, sin alternativa para la basura, aplazan las decisiones. (FIN)
