Pese a las malsanas prácticas de manipulación para imponer en los cargos públicos a correligionarios, cachanchanes y cómplices, la sociedad dominicana tiene ciudadanos valiosos y probos que se atreven a optar por una posición en las entidades que deben garantizar los derechos políticos, la justicia y la transparencia administrativa.
Son ciudadanos interesados en su país, conocidos por sus aportes en el campo del derecho, el cooperativismo y la economía, maestros universitarios y líderes en los ámbitos de su ejercicio profesional; por ejemplo, Jorge Eligio Méndez y Gerardo Aguiar.
Jorge Eligio se presenta para la Junta Central Electoral, aspiración que es respaldada por un gran número de organizaciones e instituciones sociales, cívicas, cooperativistas y de profesionales de diversas ramas.
Don Gerardo se postula a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana con un respaldo similar. Es contador público autorizado, posee vasta experiencia y podría contribuir a realzar y situar la Cámara de Cuentas como un organismo del Estado capaz de cumplir su función: fiscalizar el uso pulcro de los recursos del país.
El momento que vive la nación es para que los ciudadanos conocidos por su trayectoria de buenas prácticas humanas y profesionales, por su honorabilidad, sea entre quienes se escojan los funcionarios de las instituciones fundamentales del Estado, que se pretende democrático y de derecho.
Es una pena que la sociedad dominicana haya sido inducida a aceptar como normal que los poderes políticos y económicos determinen quiénes dirigirán las instituciones que deben garantizar los derechos políticos de la población, el manejo correcto de los recursos del Estado y la administración equitativa de la justicia.
Es el caso de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, entre otras entidades encargadas de velar por la justicia y la transparencia de la vida social y política en el país. Los países deben escoger las mejores personas para dirigir el Estado con el fin de de que el representante público procure el bienestar colectivo y el progreso de la patria, práctica sustituida por las negociaciones y concertaciones de los sectores poderosos y los conciliábulos de aposento.
La repartición del erario impide que el país supere los problemas económicos y aumente sus capacidades productivas, alimentarias, científicas y culturales.
Es imposible que una nación progrese si sus instituciones no son dirigidas por personas éticas, por profesionales capacitados y formados con valores que les libren de incurrir en corrupción.
Las ratas hambrientas no pueden cuidar el queso.