LUIS MANUEL PIANTINI M
La Ley de Hidrocarburos remitida por el ExPresidente Hipólito Mejia al Congreso de la Republica y aprobada a finales del año 2000, fue llamada la ley blindaje, como un logro importante alcanzado por esa administración,  pues con impuestos fijos que sustituían el llamado Diferencial, se protegía tanto al Presupuesto del Gobierno de las políticas populistas que afectaban su balance,  como a la estabilidad macroeconomía de la nación del manejo coyuntural de esas políticas en relación a los precios de los carburantes.

Hasta ese entonces, los precios internos de los derivados del petróleo eran fijados o por decretos del Poder Ejecutivo o por resoluciones de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio. Estos precios incluían lo que se llamaba Diferencial, cuyo ingreso se utilizaba para pagar la deuda externa del Gobierno luego de la gran crisis financiera de los años 1989-90 que entre otras causas generó su no pago.

En el año 1999, comenzaron a aumentar los precios internacionales del Petróleo, y el Gobierno de ese entonces, decidió no modificar los precios internos de los combustibles. Esta decisión afectó el Presupuesto del Gobierno, pues el monto de los ingresos que generaba  el Diferencial era cada vez menor al monto de pagos que tenia que entregarle el Gobierno  a los importadores de estos combustibles, reduciéndose la disponibilidad de los pesos para pagar  la deuda externa. Como en ese entonces el Banco Central pagaba la deuda externa del Gobierno con los pesos que este le entrega, al reducirse la disponibilidad de estos, el Gobierno comenzó a dejar de mandar los pesos necesarios al Banco Central, lo que provocó que se comenzaran a bajar rápidamente las reservas internacionales, poniendo en peligro la estabilidad cambiaria de la nación.

Por eso resulta desconcertante que sea el mismo partido que justificó la preparación, envío y aprobación de esa ley, el que ahora,  porque se inicia una campaña política, quiera hacerse el gracioso con la población al querer justificar demagógicamente su modificación.

Todo el mundo sabe que la Republica Dominicana no produce una gota de Petróleo, y que los precios internacionales de este producto y sus derivados son manejados por un mercado especulativo y un  cartel de países integrados en una organización que se llama la OPEP.

La República Dominicana compra el Petróleo en el exterior, y por cada aumento de un dólar en su precio internacional el país tiene que pagar en el exterior 50 millones de dólares adicionales al año. Como en los tres últimos años este precio ha aumentado en 50 dólares el barril, ahora tenemos que pagar 2 mil quinientos millones de dólares adicionales al valor que se pagaba en el 2004, sin que haya un valor compensatorio de igual aumento en nuestras exportaciones, ni se genere un incremento adicional de un peso en las riquezas de nuestro país producto del significativo aumento de ese pago.

El apoyo que el Gobierno Bolivariano de Venezuela le ha dado al país es solo en el aplazamiento del plazo de pago de una parte reducida del volumen diario importado. O sea, que el país esta recibiendo un préstamo (un fiao) a través del mecanismo del Acuerdo de Petrocaribe, que tiene que comenzar a pagar a los tres años de haberse recibido el primer embarque generado por ese acuerdo (casi ya) . 

Modificar la Ley de Hidrocarburos para que bajen los precios internos de los carburantes derivados del Petróleo es un hecho absurdo, demagógico e irresponsable de nuestros políticos populistas criollos, pues lo que se produciría es un aumento en su volumen y valor de importación, ya que una reducción en los precios internos no reduciría su precio internacional, pero si alentaría un incremento en el consumo interno y mayor  despilfarro de dichos carburantes, aumentando el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y por lo tanto poniendo en peligro la estabilidad cambiaria de la nación.

Naturalmente lo que buscan estos políticos populistas es crearle un clima de inestabilidad macroeconómica al país, sin que se beneficien los sectores de bajos ingresos, ya que el transporte público propiedad de los llamados dueños del país, lo que utiliza es un carburante llamado Gas Licuado de Petróleo o GLP, el cual esta subsidiado al igual que las estufas donde cocina esa población.

De igual forma el combustible que se utiliza en la generación de la energía eléctrica que se envía por las redes de transmisiones públicas  no esta afectado por los impuestos de la ley, y los de bajos consumos que son los pobres no pagan energía. ¿Entonces en que se beneficiarían los sectores populares con la reducción de estos precios al disminuirse o eliminarse los impuestos que crea la ley para pagar la deuda externa o subsidiar el GLP? En nada.

No es la población de bajos recursos la que se va a beneficiar, sino esos mismos políticos hipócritas que andan en vehículos de alto consumo de gasolina o gasoil y ahora mas en plena campaña con helicópteros y avionetas, entaponando las calles, contaminando el ambiente y derrochando los dólares, los mismos que tienen plantas eléctricas propias que usan esos combustibles, plantas que no tienen los pobres.

Por lo que la propuesta de modificación de la ley es una manzana envenenada para la población empobrecida del país, que es a la que al final se le pegan los platos rotos de las crisis financieras y cambiarias que generan estas medidas de nuestros demagogos políticos tercermundistas.

Por ultimo, la política del Gobierno de estimular el uso de combustible limpio (GLP, gas natural, etanol, biodisel, eólica, solar etc.) en el transporte y en la generación de electricidad para reducir la contaminación, proteger la salud de la población, diversificar las fuentes energéticas, crear nuevas fuentes de empleos y reducir el valor importado, va a generar una gradual caída en el valor recaudado de los impuestos que se aplican a los combustibles afectados por la Ley de Hidrocarburos que representan alrededor del 9% de los ingresos fiscales, por lo que el Gobierno lo que debe de hacer, es comenzar a estudiar fuentes de sustitución gradual impositivas y no, como algunos funcionarios fiscalistas parecen propugnar, interferir en el presente en la elección voluntaria de la población de optimizar su mejor opción, al sustituir el  consumo de  combustible sucio y caro, por limpio y mas barato.