Los rostros de la generalidad de los participantes en la multitudinaria Marcha Verde del pasado domingo expresaban una sosegada alegría que traslucía la seguridad de hacia dónde conduce el camino iniciado hace siete meses. La gente expresaba una satisfacción del deber cumplido por estar allí y porque por la cantidad de manifestantes se le producía otra clara derrota de este Gobierno y sus bocinas que, como otras veces, antes de las anteriores marchas, hicieron del todo para hacerla fracasar.
Ese estado de ánimo de la multitud se entronca con la demanda de investigación de la sobrevaluación de Punta Catalina y al presidente Medina por haber recibido dinero de esa empresa para su campaña electoral.

De ese modo, la demanda genérica del fin de la corrupción y de la impunidad, que dieron inicio al Movimiento Verde, se centra en las cuestiones más relevantes y concretas: la sobrevaluación de Punta Catalina profusamente documentada por especialistas, la no transparente asignación a Odebrecht y en el hecho de que el presidente Medina recibiera dinero de esa empresa para su campaña, algo que de manera prácticamente directa lo afirma Temístocles Montás. En cualquier país con Estado de derecho medianamente aceptable, si un ministro de un Gobierno dice que recibió dinero de una empresa extranjera para financiar la campaña de un candidato presidencial, lo lógico es que se abra una investigación a ese candidato, máxime si resultó electo.

Decir, como dicen algunos, que la petición de investigar al presiente Medina por ese hecho constituye una acción subversiva, es desconocer que este violó la ley que como Presidente juró hacer cumplir, y que como todo ciudadano es pasible de una sanción. Subvierte el orden quien sistemáticamente viola la ley, y es el Presidente de la República quien lo habría subvertido, una vez más, de demostrarse cierta la afirmación del referido ministro de que recibió dinero de Odebrecht para el financiamiento de la candidatura del Presidente. Con esa afirmación Montás confirma la declaración de exejecutivo de la Odebrecht Fernando Migliaccio en el sentido de que esta empresa dio dinero para las campañas de Medina.

En otro país se han investigado a presidentes en ejercicio y fuera del mismo, acusados de haber recibido sobornos o dinero de la referida empresa para sus campañas electorales. Algunos han tenido sanciones morales, otros han terminado en la cárcel y lejos de haberse roto el orden institucional, la Justicia ha salido fortalecida. En tal sentido, la petición de que Medina sea investigado constituye un acto de responsabilidad y de coherencia de los colectivos que coordinan a las actividades de la Marcha Verde, independientemente de que la Justicia de este país, subvirtiendo el orden, difícilmente asuma la responsabilidad de investigar al Presidente, ignorando la gravedad de la referida afirmación de Montás.

La declaración de los coordinadores de la Marcha Verde el domingo pasado constituye un salto de calidad de su lucha, expresando una mayor madurez de esos colectivos en la conducción de un movimiento que tiene el mérito de sostenerse y ampliarse sistemáticamente durante casi siete meses. Esa madurez es estimulante para seguir una marcha que es larga y que ahora apenas comienza.