Mientras en la Cámara de Diputados todavía no entra en agenda la solicitud de interpelación a los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, hoy el movimiento Marcha Verde declaró ilegítimos a sus seis titulares, por considerar que los funcionarios violaron flagrantemente la Constitución, la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado y los más básicos principios éticos que deben regir al principal órgano fiscalizador de la gestión pública.

Para el movimiento, el Congreso Nacional debe proceder a destituir al pleno de la Cámara de Cuentas y comenzar el proceso de evaluación pública de nuevos integrantes que cuenten con la independencia política y la trayectoria ética y profesional necesaria para desempeñar tan importante función de defensa de los bienes comunes del pueblo dominicano.

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“Los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas deben ser ciudadanos y ciudadanas que no respondan a los intereses de la delincuencia política ni al régimen de corrupción impunidad que oprime a nuestro país. Exigimos funcionarios que investiguen a fondo lo que ha pasado con los contratos y las obras ejecutadas por la empresa mafiosa Odebrecht y por las diferentes entidades y funcionarios públicos relacionados con casos de corrupción”, declaró el colectivo durante una rueda de prensa realizada frente a la sede del órgano fiscalizador.

Durante la actividad en la que colocaron sobre el edificio de la Cámara de Cuentas una #DeclaraciónVerde de ilegitimidad, integrantes del movimiento exhortaron a la ciudadanía a exigir que los próximos miembros de de la institución inicien de inmediato las auditorias de las obras construidas por Odebrecht desde el 2001 a la fecha.

Marcha Verde declaró ilegítimos a los miembros de la Cámara de Cuentas, por considerar que los funcionarios violaron flagrantemente la Constitución.

Doble violación. Sobre la respuesta que Hugo Álvarez Pérez y los demás miembros del pleno de la Cámara de Cuentas dieron a los cuestionamientos públicos que se les han presentado, la Marcha Verde aseguró que se trata de una nueva mentira y manipulación que solo sirve para profundizar el problema y evidenciar todavía más ilegitimidad de los funcionarios designados por el Congreso. Según el movimiento, la Resolución No. ADM-2012-009 aprobada durante la gestión 2010-2016 es una medida ilegal, que no podía ser aplicada por una nueva gestión porque sobrepasaba los topes salariales claramente identificados en la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado.

Pero para Marcha Verde lo peor de todo es la defensa pública que Álvarez Pérez y el pleno de la Cámara de Cuentas han hecho de su aumento ilegal de salarios, porque, según el colectivo, se trata de una actitud que busca borrar los límites, las barreras entre lo que es correcto e incorrecto en la gestión de los bienes comunes de la ciudadanía.

“Además de violar la ley, estos funcionarios ilegítimos no ven ninguna falta ética en su práctica y en la defensa pública que hacen de la misma. No son conscientes o no quieren ser conscientes de que un órgano fiscalizador como la Cámara de Cuentas necesita indiscutiblemente mantener una imagen de integridad, independencia y austeridad para poder tener la legitimidad de investigar y vigilar al resto de las instituciones públicas”, destacan en el documento.

Marcha Verde anunció que estará al pendiente del caso de la Cámara de Cuentas y del proceso de discusión pública que el Congreso abra para escoger a los nuevos integrantes.