HAMLET HERMANN
Cuando la dignidad se evidencia, la mediocridad tiembla. Esto es, en síntesis, lo que ahora ocurre en torno al rechazo de la doctora Aura Celeste Fernández a los injustos privilegios que la Junta Central Electoral (JCE) otorga a sus magistrados. Esta República Dominicana que a millones de personas les ha tocado vivir parece haber llegado a una inversión de valores como nunca pudo imaginarse.

La doctora Fernández, magistrada de la JCE, ha rechazado que se le otorgue un «incentivo especial» idéntico a la suma que, por su salario, tendría que pagar al Estado por concepto de impuesto sobre la renta, plan de pensiones y seguro de vida. «Se trata de un privilegio irritante el hecho de que los jueces dispongan de dineros públicos para evadir el pago de los impuestos y fondo de pensiones, considerando que esto constituye un fraude a la ley, o lo que es lo mismo, valerse de un ropaje de ‘legalidad’ para evadir una obligación que impone la ley.» La respuesta a tanta honestidad no se hizo esperar. Otros magistrados que se consideran merecedores de ese «incentivo especial» protestan airados ante el desprendimiento material de su colega. Alegan que la escandalosa regalía fue impuesta desde 1998 y debía respetarse. Conscientemente omiten que justo antes de ese 1998 la JCE tuvo como magistrados Presidentes a dos ejemplares columnas del servicio público: César Estrella Sahdalá y Juan Sully Bonnelly. Prefieren olvidar el detalle de que fueron esos dos prohombres los que rescataron a la Junta del absoluto descrédito así como fueron capaces de organizar elecciones verdaderamente limpias de todo asomo de fraude. Todo eso sin beneficiarse materialmente. Por conveniencia, los críticos de Aura Celeste prefieren recordar el ejercicio de quien los sustituyó e impuso el irritante privilegio económico.

Pero eso no es todo. Los opositores al digno comportamiento de la magistrada Fernández alegan que ese «incentivo especial» se corresponde por el pago de una «contraprestación que en este caso es la que están recibiendo los jueces de la JCE por su trabajo en horas extraordinarias como servidores públicos». Pero ¡oh sorpresa! Da la casualidad que el monto de la suma pagada mes tras mes a los magistrados es idéntica a la que tendrían que pagar por concepto de impuesto sobre la renta, el plan de pensiones y el seguro de vida. La identidad de cantidades denuncia la asociación con lo injusto aunque, según su juicio, sea un acto legal.

Escandaloso privilegio podría decir un extranjero recién llegado a República Dominicana. Para los dominicanos, en cambio, el desuello del fisco a partir del servicio público es cosa común. ¿O no fue en ese mismo organismo donde el Secretario General de la Junta Central Electoral denunció un fraude y fue él el castigado mientras los vinculados al hecho fueron promovidos? ¿O no es este el mismo país en el que un miembro de la Comisión de Ética denuncia irregularidades en un concurso de la OPTIC y, sin explicación alguna, renuncia sorpresivamente a su cargo? ¿No ha sido en esta tierra en donde los seguidores de Juan Bosch celebraron el centenario de Joaquín Balaguer en el Palacio Nacional y, con torpeza, tratan de humillar a la centenaria Universidad Autónoma de Santo Domingo con un mural que destaca a Balaguer, el más grande enemigo que tuvo esas casa de estudios?

La esencia del conflicto por la renuncia de la doctora Aura Celeste Fernández a ese «irritante privilegio» reside en que la retribución que ella espera del Estado dominicano es moral y no se mide en pesos y centavos. Por el contrario, quienes se oponen a su decisión, conciben que deba ser en dinero como la sociedad dominicana reconozca sus esfuerzos. Tanto la doctora Fernández como los otros tienen derecho a pensar y a actuar así. «A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos.» La admirable decisión de Aura Celeste tiene que ser respetada. Es una decisión personal e irrevocable basada en su propia conciencia y en su convicción de lo que deben ser los principios éticos y morales. Ella prefiere ponerse los calzones de César Estrella y de Juan Sullly Bonnelly y no los de sucesores de cuyos nombres muy pocos se acuerdan. En su esbelta imagen se ven representados los mejores dominicanos, aquellos que ven más allá de sus intereses personales y reconocen que todavía hay personas para las que la decencia y la honestidad deben prevalecer, por encima de privilegios inmerecidos que sólo los mediocres osan aceptar. Y no debe sorprender ese tipo de reacción porque cuando la dignidad se evidencia, la mediocridad tiembla.