BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
Funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía fueron llamados para que respondieran sobre la administración del Plan Renove. El transporte es un negocio y  los gobiernos no deben meterse a garantizar préstamos, a regalar vehículos, a intervenir en el sector, porque desde siempre hay corrupción, robo, tráfico de influencias en esas operaciones. Ello, porque «quien reparte y reparte, se queda con la mayor parte».

Por eso vemos unos tígueres que se enganchan a sindicalistas y de hoy para mañana se convierten en propietarios de rutas, líneas y flotillas de vehículos en combinación con funcionarios ladrones.

Si se va a investigar la corrupción con seriedad, me permito recordar: -compras de autobuses adquiridos para la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) sin que mediaran concursos, con aval del gobierno y denuncias de sobrevaluación e los precios;

-la denuncia de que los minibases llamados pollitos fueron repartidos a dirigentes y seudodirigentes políticos y que los precios fueron sobrevaluados; -la cuestionada y cuestionable privatización del sistema eléctrico nacional; -y en el Programa Mínimo de Empleo (PEME) ¿hubo o no hubo cogioca? Estos y otros asuntos de compras y manejos de fondos fueron cuestionados durante la administración del doctor Leonel Fernández 1996-2000 Tal parece como si esas denuncias se las llevó el viento, pero los datos están ahí y deben ser investigados por las autoridades judiciales.

El gobierno pasado habló y dijo y amenazó con que tenía expedientes y se volvió sal y borrajas, bla, bla, bla, aunque no con los suyos.

También se debe investigar y pasar a la justicia, no llegar a acuerdos bajo cuerda, a contrabandistas, evasores de impuestos, ladrones de fondos públicos, traficantes de influencias y delincuentes en general.

Ahí está mi amigo el doctor Salvador Jorge Blanco,  en su misma casa con la misma sobriedad que lo  caracteriza. Pero eso sí, Balaguer lo sacó de la carrera política y lo embarró para siempre.

Aquí no hay tantos pendejos como para que nos dejemos engañar una y otra vez.

La investigación que solicito debe hacerla el Congreso Nacional con auditores independientes, contratados al efecto, con la supervisión de la Cámara de Cuentas. Esa investigación debe comprender: compras, ventas, descargos, liquidaciones y cualesquier tipo de negocio que se hiciera con fondos públicos.

La indagatoria debe comprender los últimos 10 años: los dos de Balaguer 94-96, los cuatro de Leonel 96-2000 y los cuatro de Hipólito.

El gobierno que deje actuar a la justicia, si es que existe aquí, y que ofrezca soluciones a los problemas que hasta ahora es puro bla, bla, bla.

Basta de circo.