El trágico asesinato a tiros de Miguel Méndez Figueroa, el joven limpiavidrios de autos que operaba en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y Sarasota, víctima de un conductor privado desaprensivo, ilustra el grave problema social que ocurre en cada esquina semaforizada de nuestras ciudades, cuyas tareas de orden público han sido irresponsablemente abandonadas por las autoridades.

Debajo de los semáforos cohabitan los integrantes de la masa empobrecida que, junto a inmigrantes haitianos, salen diariamente a buscar el sustento a expensas de los conductores privados.  Se trata de una especie de subvención a la pobreza impuesta ilegalmente al propietario o conductor de un vehículo, porque el gobierno central, los ayuntamientos y las autoridades policiales no asumen su responsabilidad frente a ese drama que arrabaliza el entorno  y atemoriza al turista.

Para los conductores que aguardan el cambio de la luz roja, esas vías  son lugares de presión, donde impera el caos que imponen vendedores marginales, limpia parabrisas, mendigos, dementes, paralíticos -falsos mutilados- ex convictos y drogadictos que pretenden financiar sus vicios.Después de la tragedia de Méndez Figueroa, de 25 años, el General Juan Brown Pérez,  director de la AMET, dijo  que limpiar parabrisas obstruye el transito, lo calificó como un problema de orden publico y prometió que sus agentes atenderán las quejas de conductores asediados.

Aquí surge la pregunta: ¿por qué el gobierno, los ayuntamientos, las autoridades judiciales y policiales, y la prestante sociedad civil, no han enfrentado este problema con las medidas profilácticas condignas? Con frecuencia, la autoridad invoca el “mantenimiento del orden publico” como razón para adoptar medidas disciplinarias y aun represivas. El orden publico es la organización misma del Estado. Tiene, por tanto, una importancia superior para la vida armónica de la sociedad.