Alguna vez se han puesto ustedes a pensar bajo que criterio el Estado en su conjunto, pero específicamente el gobierno y sus instituciones hacen publicidad y cómo reparten la multimillonaria cantidad de recursos que en ese aspecto manejan mensualmente. O sea, para qué las hacen, y de qué forma las distribuyen.

La mayoría de las instituciones gubernamentales gastan incalculables recursos en publicidad, pero casi todas carecen de sentido y no aportan nada positivo. Más que nada, fines políticos o subterfugios para ocultar compras de conciencias. Mecanismos para el favoritismo, la adulación y la corrupción de los jefes de las instituciones y sus aliados, que bien pudieran servir para cosas importantes, incluso para sus propios empleados, si es que no tienen otra forma de invertirlos en las necesidades de tanta gente pasando calamidades.

La falta de institucionalidad que reiteradamente manifiesto, se refleja de forma estremecedora en este aspecto de la propaganda oficial, porque además de que se hace sin sentido, no obedecen a ninguna reglamentación, sino a las antojadizas decisiones de quienes se colocan por encima de todo, irrespetando al país y apoyándose solamente en el poder de algunos medios a los que no dejan de “boronearle” como muestra del botón, o para dejar estampadas sus huellas como coartada.

Existen medios en los cuales el gobierno y sus instituciones invierten inmensas cantidades de dinero, pero en realidad esas inversiones en publicidad en la mayoría de los casos no obedecen a su importancia, cobertura o influencias en la población, sino por los fines que persiga con ellos: Unos para que defiendan abiertamente al gobierno y a sus funcionarios o callen cuando sea necesario; otros para que aún criticando el gobierno, ataquen al contrario cuando así se les instruya; algunos simplemente para atacar la oposición, aunque existen casos especiales que por su profesionalidad, independencia y peso especifico, les resulta difícil no darle publicidad.

En realidad no me refiero a las pocas  instituciones oficiales que tienen necesidad y obligación de hacer publicaciones periódicas para edificar la opinión pública sobre diferentes aspectos importantes, las que normalmente se hacen mediante espacios que insertan en los medios, porque eso representa muy poca inversión; tampoco a casos de emergencia nacional que requieran campañas especiales, como por ejemplo de vacunación, sino al grueso de la permanente propaganda oficial de muchísimas instituciones que no le aportan nada al país en ningún sentido.

El Congreso, la sociedad civil y la oposición, deberían preocuparse para que se establezcan mecanismos rígidos que determinen cuáles instituciones tienen necesidades reales de publicidad y de qué tipo, así como para establecer formas de distribución transparente, porque se cuentan con los dedos de una mano las instituciones que requieren publicidad y se gastan de la forma como les viene en gana. Y eso, que todavía no ha comenzado la campaña electoral.

Lamentablemente dudamos que estas inquietudes encuentren eco en los sectores llamados a hacerlo, porque afecta muchos y grandes intereses, con raíces bastante profundas y bien ramificadas.