POR ELIGIO JÁQUEZ CRUZ
La población dominicana ha estado bombardeada a través de los medios de comunicación, con informaciones distorsionadas sobre supuestas irregularidades ocurridas durante el proceso de instalación de facilidades de invernaderos para la producción moderna de productos hortícolas.

Se ha divulgado que funcionarios de la administración del presidente Hipólito Mejía cometieron actos de prevaricación y de dolo al adjudicarse invernaderos o utilizar terceras personas para beneficiarse de los mismos.

Primero, los invernaderos fueron contratados por el Gobierno a través de un préstamo con el Deustch Bank (España), para ser instalados por la compañía Constructora de Invernaderos Sánchez (COINSA) mediante la modalidad de Proyecto llave en mano. Esto significa que los funcionarios nunca manejaron los recursos, sino que supervisaban para asegurarse que la instalación de los invernaderos se realizaba cumpliendo con los requisitos que se estipularon en los contratos entre el Gobierno Dominicano y la empresa responsable de su provisión e instalación.

Segundo, a pesar de que el proyecto llave en mano podía ser ejecutado de manera directa, la Secretaría de Estado de Agricultura, SEA., además de traspasar el derecho de los invernaderos al Banco Agrícola, estableció un mecanismo de apoyo y supervisión para darle mas transparencia al proceso de instalación de los invernaderos. Por eso mediante la Resolución No.20 d/f 11/Enero/2002, se crea una Comisión Consultiva compuesta por el secretario y los subsecretarios de de la cartera, un representante del Secretariado Técnico de la Presidencia y un representante del Banco Agrícola. Esta Comisión tenia como funciones: servir de instancia de consulta para la toma de decisiones relacionadas con la ejecución de los proyectos; asesorar a la unidad ejecutora y velar por el fiel cumplimiento de los términos acordados en los convenios de préstamos recibidos, así como la elaboración de las políticas, normativas, orientación sobre ubicación, tecnologías a aplicar, selección y capacitación de personal y promoción del programa de invernaderos.

Tercero, los funcionarios de esta comisión consultiva actuaron siempre de la manera mas transparente, se aseguraron de que todos los expedientes antes de ser sometidos al escrutinio del Consejo de Directores del Banco Agrícola fueran evaluados por una Unidad Técnica compuesta por un Ingeniero Civil, un Ingeniero Agrónomo, un Técnico Agrícola y un Técnico del Banco Agrícola. La misma realizaba un levantamiento de las condiciones agronómicas, hídricas y de ubicación, así como del estatus legal del terreno. Luego se preparaba un informe agronómico que era presentado a la Comisión Consultiva del Programa de Mercado Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN). La Comisión Consultiva ponderaba el informe y luego el mismo era remitido al Banco Agrícola con los expedientes precalificados. El Banco Agrícola realizaba un análisis de crédito a través de la Dirección de Crédito que era sometido al Directorio de la institución para su conocimiento y decisión de aprobar o rechazar el préstamo.

Cuarto, los adquirientes de los invernaderos debían cumplir con una serie de requisitos y hacer su solicitud formal para posteriormente ser sometido a la consideración del Banco Agrícola siguiendo los procedimientos rutinarios de esta institución en materia de aprobación de los créditos agrícolas. Por tal razón, no se entiende por qué se quiere segregar a los asignatarios de 51 invernaderos acusándolo de recibir «privilegios» en estos préstamos. Es importante resaltar que cada persona interesada en la adquisición de un invernadero debía asumir en base al préstamo dado una deuda con el Banco Agrícola. No era un regalo. Es un compromiso financiero que debe ser honrado por los 191 adquirientes de invernaderos (200 menos los 9 donados a Universidades, Centros de Educación superior e Investigación).

Quinto, la firma por la Secretaría de Estado de Agricultura, SEA, y La Compañía Constructora de Invernaderos Sánchez, COINSA, de los contratos para el suministro, montaje (instalación) de 75 y 220 Invernaderos con una superficie de 4800m2 c/u (aproximadamente 7 tareas), fué realizada en fechas 3 de Noviembre y 12 de Diciembre del año 2000 respectivamente, por un monto total de US$36,136,120.00, por lo que al momento de la firma un invernadero costaba US$122,495.00 (cientos veintidós mil cuatrocientos noventa y cinco dólares); según el Banco Central el día 3 de Nov. 2000 la tasa de cambio era de RD$16.47 por cada US$1.00, por lo que un invernadero costaba RD$2,017,497.00 (dos millones diecisiete mil cuatrocientos noventa y siete pesos con 00/100); en ese momento las autoridades del Sector Agropecuario decidieron redondear y mantener el precio en RD$2,000,000.00, valor éste que fue dado a conocer públicamente y que posteriormente aparece en el Convenio Interinstitucional de traspaso al Banco Agrícola en dación en pago de los primeros 70 invernaderos, suscrito por el Secretario de Estado de Agricultura y el Administrador del Banco en fecha 4 de febrero del año 2003 por un valor total de abono a deuda de RD$140,000,000.00.

Sexto, en los contratos SEA – COINSA mencionados anteriormente aparece el siguiente texto «si se produjera una variación en el cambio anterior de 192 pesetas por dólar en el entorno de +/- 3%, el contrato deberá reajustarse mediante la adición o disminución de equipos o materiales. A partir de la entrada en vigor el riesgo cambiario será asumido por el vendedor». Es la caída del dólar frente al Euro desde la firma de estos contratos comerciales hasta la entrada en vigor de los mismos, lo que incide mayormente en la reducción de 295 a 200 Invernaderos.

Séptimo, no podemos ver al Gobierno constitucional y democráticamente electo como una empresa comercial, razón muy valedera para que no se traspasara el valor del riesgo cambiario asumido contractualmente por el gobierno a los productores y que graciosamente le dijéramos a los 200 adquirientes de invernaderos: por la caída del dólar frente al euro su invernadero ya no cuenta US$122,495.00 (RD$2,000,000.00) sino US$180,000.00, ósea, cuesta RD$6,807,000.00 (tasa de RD$37.82/US$1.00 reportada por el Banco Central en diciembre 2003). Pregunten a los adquirientes si le interesaría un invernadero en ese precio.

Octavo, la respuesta a la anterior pregunta se encuentra en la comunicación del 23/Nov./2004 enviaba al actual Secretario de la SEA y al Administrador del Banco Agrícola, por los representantes de la Cooperativa Nacional de Productores de Invernaderos en formación de Villa Trina, Constanza, Jarabacoa, Ocoa, Rancho Arriba, quienes solicitan, entre otras cosas, lo siguiente: «1) Mantener el valor original de Dos Millones (RD$2,000,000.00) pesos, asignado a la infraestructura de cada invernadero; 2). Mantener la tasa de interés anual de un trece punto cinco por ciento (13.5 %), con dos años de gracia y ocho años para amortizar el capital».

Noveno, la razón fundamental de la comunicación señalada en el punto anterior se originó como respuesta al convenio Interinstitucional para el financiamiento de invernaderos suscrito por el actual Secretario de Agricultura y el Administrador de Banco Agrícola, el 14 de Octubre del año 2004. En el punto primero de dicho convenio se traspasan 122 invernaderos para ser financiados por el Banco; en el segundo punto se establece el costo del invernadero en U$S122,496.00 (ciento veintidós mil cuatrocientos noventa y seis dólares): su equivalente en pesos dominicanos, calculados a la tasa oficial al momento de la firma del contrato, equivale a decir que el precio del invernadero seria RD$4,011,744.00 (cuatro millones once mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con 00/100) (el 14 de Octubre / 04 el Banco Central tenia la tasa cambiaria en RD$32.75 X US$1.00).

Décimo, ante este planteamiento más comercial que de políticas agropecuarias, los productores en su comunicación d/f 23 de noviembre/ 04 (mencionada anteriormente) solicitaron el cumplimiento de los acuerdos originales ya aprobados del proyecto como son, mantener al precio de RD$2,000,000.00, el interés anual de 13.5 %, la tasa de 18 % anual para el capital de trabajo y la asistencia técnica especializada; agregando además los productores, citamos, «consideramos importante, resaltar el hecho de que este gran Proyecto Nacional, viene a resolver grandes problemas socio-económicos en zonas agrícolas de diferentes regiones de nuestro país, contribuyendo con la creación de fuentes de trabajo estables, directas o indirectas durante todo el año, dinamizando así las economías regionales y llevando seguridad y sosiego a las miles de familias beneficiarias del proceso.»

Ante estos planteamientos y la no aceptación del nuevo precio por los productores en varias reuniones de campos, así como en la reunión celebrada en el Banco Agrícola con el Secretario de Agricultura, el Administrador y representante de productores, las actuales autoridades consideraron oportuno retirar este contrato y mantener RD$2,000,000.00 (dos millones de pesos con 00/100) como el precio a financiar por cada invernadero.

Undécimo, a pesar del enorme impacto que se percibía de este tipo de inversión en el campo, las autoridades presentes no han asimilado la importancia estratégica para impulsar el desarrollo agrícola del país. Esto es lamentable en un momento donde se precisa de autoridades que asuman un compromiso de modernidad para el sector agroalimentario, y más aun, que provean los estímulos necesarios para la consolidación de las actividades agropecuarias. Ya no es suficiente valerse de medidas paternalistas tradicionales, perpetuadoras de dependencia, para darle respuestas a los nuevos problemas y desafíos de la agricultura presente.

Duodécimo, los criterios puestos en practica en el área agropecuaria durante el gobierno pasado, armonizan con los esquemas tecnológicos impulsados en algunos países asiáticos (Taiwan, Singapur y Korea del Sur), donde socializan el conocimiento para levantar la calidad de vida de los habitantes, aumentar el empleo y la paz social, generan divisas y riquezas para sus naciones. Son conceptos algo distantes de la idea de hacer de la República Dominicana un Mónaco, un Montecarlo, un Miami o Nueva York chiquito. Hay que perseverar en esta forma de actuar, seguro de que más temprano que tarde será comprendida y apoyada por todas nuestras generaciones.
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El autor fue secretario de Agricultura durante el período 2000-2004