Hoy 
Una política fiscal busca restablecer equilibrios macroeconómicos en las finanzas públicas mediante el mejoramiento del régimen tributario, la asignación del gasto y de la administración de los niveles de endeudamiento.
Esto se hace con la finalidad de propiciar un ambiente óptimo para el crecimiento de la producción y el bienestar de la población. En ese sentido, dado que la economía se encuentra en una época en donde se requiere replantear la pregunta sobre el papel del Estado, sus funciones y la forma de intervención sobre los agentes económicos, es pertinente conocer cuáles son los alcances de la capacidad fiscal del país y de qué forma podría la economía crear un ambiente propicio para un crecimiento económico sostenible.
A lo largo de los años el Estado ha ido perdiendo su capacidad desarrollista y las instituciones públicas se han convertido en entidades ineficientes en donde el gasto responde más a la inercia de la burocracia que a prioridades definidas por el gobierno en turno. Por ello, el Ministerio de Hacienda no ha sido capaz a través del tiempo de ordenar las finanzas públicas satisfactoriamente para que el déficit fiscal no se convierta en una traba al crecimiento económico. La persistencia de un alto déficit ha dado origen a un nivel de deuda que requiere que cada año un mayor porcentaje de los gastos públicos al servicio de la deuda, con el consecuente sacrificio de recursos para sectores estratégicos (educación, salud e infraestructura).
Realidad de ingresos
Pese a que un Estado se financia básicamente mediante impuestos, la gran cantidad de ellos representa un serio escollo para la eficiencia en la recaudación. En efecto, los ingresos corrientes del gobierno central provienen de 70 tipos de ingresos de los cuales los tributarios representan el 92.4% del total. Además, sólo tres impuestos representan el 94.5% de las rentas tributarias: mercancías y servicios (58.8%), sobre la renta (24.9%) y derechos de importación (10.7%), y lo cual muestra que el sistema tributario actual es altamente regresivo.
Los otros ingresos tributarios que generan únicamente 5.5% tienen un elevado costo administrativo. Un elemento importante de resaltar es la diferencia existente entre lo efectivamente recaudado por algunos impuestos respecto a lo que sería de esperar considerando sus tasas impositivas promedio, lo cual es un indicador de la evasión y consecuentemente de los problemas relacionados con el cobro de los impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados (ITBIS) es del 15.3% por recaudación interna y 13.1% por importaciones y representa 4.7% del PIB.
Aun así, este impuesto tiene una evasión del 40%. El impuesto sobre los selectivos al consumo (a los vicios) tiene un peso de 21.7% en el fisco y genera 3.60% del PIB. El impuesto sobre la renta tiene una base entre 15 y 25% y sólo genera 3.82% del PIB, además este impuesto posee ciertos problemas serios ya que trata de manera distinta a personas físicas y jurídicas, además del incentivo al endeudamiento bancario de las empresas.
A nivel estructural, ante la idea de desincentivar los vicios, el impuesto selectivo de consumo reúne una gama importante de ingresos para el gobierno. Los selectivos abarcan los impuestos al consumo de combustibles (13.8%), a las bebidas alcohólicas (6.1%), y al consumo de los derivados del tabaco (1.5%). Sólo estos tres bienes recaudan 21.3% del total de los ingresos tributarios del país. A fin de lograr mayor eficiencia en la recaudación estos selectivos buscan limitar el consumo de aquellos bienes que son más inelásticos. Por ello, el comportamiento de los selectivos al consumo es vital para señalar el rumbo de los ingresos tributarios del gobierno. Por otro lado, pese a que el ITBIS funge como un impuesto sobre las ventas de bienes y servicios y se ha ido constituyendo en el principal rubro de recaudación, su base gravable es de solo 45% y deja de lado los bienes de la canasta básica y algunos renglones considerados esenciales.
A nivel funcional, las reformas en el área administrativa iniciadas a partir de mediados de los 90 necesitan continuarse y reforzarse. En particular, sería necesario perfeccionar las bases de información para un adecuado registro y recaudo de los tributos, además de un recurso humano mejor entrenado que pueda rendir mejor en un área tan importante como la gestión tributaria. También concentrar la atención en los grandes contribuyentes es una tarea pendiente para mejorar la fiscalización y el recaudo y poder revisar futuros esquemas que puedan servir de escudos fiscales.
Realidad de los gastos
A nivel del gobierno central, el gasto público de la economía nacional se descompone en tres rubros: giros, intereses y transferencias. Los giros que incluyen sueldos, salarios y pensiones, y el resto del gasto corriente es el rubro de mayor importancia ya que entre 1997 y 2007 ha significado, en promedio, un 57.6% del total con un crecimiento promedio anual del 18.9%. Y, a pesar de que los intereses totales en la década pasada no superaron el 10% de las erogaciones totales, experimentaron un crecimiento anual promedio del 31.5%.
En cambio, la importancia relativa de las transferencias del gobierno han aumentado de forma notoria a partir de 2004, ubicándose en un promedio anual de 34.4% entre 1997 y 2007. Las transferencias corrientes (que representan 35.2% del gasto) son fundamentalmente explicadas por el peso que han tenido los subsidios del gobierno a sectores claves del consumo de la electricidad, el gas y las tarjetas de solidaridad a las familias de escasos recursos. Un análisis por destino del gasto público indica que para el lapso 1997-2007, el 74.4% fue asignado a usos corrientes (consumo, intereses y transferencias) en tanto que el 24.6% restante se dedicaba al renglón de capital del cual la inversión real representó el 13.5% del gasto total.
A nivel de sector público, la necesidad de lograr superávit institucionales para enjugar el déficit del gobierno, ha mermado las posibilidades de aumentar la inversión pública. El establecimiento de límites al gasto del gobierno central ha sido otro factor que posiblemente contribuirá a establecer la inversión.
Debido a que esos límites no parten de consideraciones sectoriales, siempre resultará importante evaluar el impacto del gasto público sobre los grupos hacia los que va asignado. Es pertinente analizar el vínculo entre lo planificado y lo presupuestado de forma tal que considere los costos unitarios de los programas y empate los planes de inversión de las instituciones con un plan fiscal de mediano plazo.
En cuanto al déficit del sector público es esencial comprender que sus saldos provienen no sólo del exceso de gastos sobre ingresos del gobierno central, sino además de las pérdidas del Banco Central como consecuencia de asumir operaciones cuasifiscales y activos no rentables. Es sabido que por la monetización de este déficit y para contener la presión que podría ejercer sobre la inflación, la autoridad monetaria está obligada a contraer el exceso de circulante mediante la colocación de bonos a tasas de interés mayores a las que recibe por los bonos del gobierno que debe comprar.
Durante décadas, el financiamiento del déficit del gobierno central descansaba primordialmente en la obtención de recursos externos (préstamos). Sin embargo, el cambio en las condiciones económicas internacionales ha hecho cada vez más difícil la obtención de los mismos con lo cual, dicho financiamiento se está basando en endeudamiento interno. Es por eso que resulta hoy tan importante que los nuevos y crecientes déficit fiscales y el comportamiento de las tasas de interés no generen crecimiento desproporcional en el agregado.
La cifra
48.8% es el peso promedio que han tenido los impuestos al consumo de mercancías y servicios en la economía local entre 1997 y 2007. Estos ingresos en promedio han crecido a tasa de 26.2% cada año, y crecido a 40% desde 2006.
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Peso de intereses
El rubro de pago por concepto de intereses reviste particular importancia debido a su magnitud. Si bien el pago de intereses de la deuda externa e interna del gobierno central se ha ubicado alrededor del 6% del gasto público entre 1997 y 2007, un análisis del gasto primario (sin incluir los intereses de la deuda) muestra un resultado diferente al alcanzar un promedio de 11.2% del gasto público, lo cual denota que una tercera parte del gasto se va al pago de intereses. En esencia, el peso promedio del pago de intereses de la deuda ha sido de cera del 0.98% del PIB y solo en 2003 y 2004 superó el 1.5%. Es a partir de entonces que se le brinda la debida atención tratando de plantear alternativas para su manejo. La implementación de nuevas medidas resultará indispensable a fin de mejorar la estabilidad económica y lograr canalizar recursos hacia áreas importantes.
