La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) está en el país negociando una nueva carta de intención.  El gobierno propuso medidas para aumentar los ingresos fiscales y reducir gastos, pero el sector privado se opuso a lo primero y logró que se diluyera el impacto recaudatorio de la propuesta. Por lo tanto el tranque sobre el déficit fiscal continúa.

Lo que se acordó en octubre fue que las medidas de ajuste, políticamente desagradables, tuviesen lugar durante el segundo semestre, después de las elecciones.  Todas fueron definidas en octubre, pero ahora el gobierno titubea en implementarlas. Uno de los compromisos fue aumentar la tarifa eléctrica durante el segundo semestre para así reducir el déficit de la CDEEE.  El gobierno se resiste. También se resiste a botar a los muchos empleados que sobran y construir sólo obras prioritarias.  Ya se están licitando los vagones del Metro “dos”, lo que implicará aún más endeudamiento externo.

Los empresarios lograron modificar el paquete fiscal para que la fijación de los precios de los productos petroleros se quedara en Industria y Comercio, donde esa fijación se politiza, violando la ley, en vez de en Hacienda, como había propuesto el gobierno, donde predomina el objetivo recaudatorio, por lo que se harían los aumentos cuando suban los precios externos y quién sabe si por encima de los mismos, violando la ley, para recaudar más.

También el Estado había propuesto darle derecho de veto al Ministro de Hacienda para toda concesión de incentivos turísticos, lo que era malo, pues se prestaba a corrupción y a tráfico de influencia.  Los empresarios lograron echar eso para atrás. Lo correcto hubiese sido volver a lo estipulado en la primera versión de la Ley de Incentivos Turísticos, donde estos sólo se otorgaban en provincias donde no existía auge turístico, asunto que se modificó en el Congreso para complacer intereses de las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y Puerto Plata.

El gobierno también quería cobrar el ITBIS en Aduanas para evitar evasiones en casos de supuestas materias primas que realmente eran vendidas como productos finales libres de ese impuesto, pero eso habría hecho no-viable producir localmente artículos hoy exentos del ITBIS.  También se echó para atrás.

Finalmente, el sector privado, con razón, logró reducir el incremento en el impuesto de la gasolina de aviación, pues eso hubiese paralizado vuelos de turistas procedentes de largas distancias.

El gobierno ha encontrado que empresas que obtienen exoneraciones de fuel oil (contratistas de obras del gobierno, empresas de zonas francas, etc.) piden más fuel oil de lo que necesitan y lo revenden, obteniendo buena ganancia. Quiere pararlo.

En resumen, que el déficit fiscal se mantiene. Como el gobierno no quiere aumentar la electricidad, o crear más impuestos, o reducir gastos, su alternativa es endeudarse más, ya sea a través de más bonos soberanos (hay una partida aprobada por el Congreso pendiente de emitir, pero las condiciones del mercado hoy no son tan buenas como cuando se emitieron los más recientes), o que Hacienda emita más bonos, los cuales serían comprados por bancos, generadores de electricidad, o inversionistas. También puede atrasarse en el pago de contratistas o suplidores.  Por suerte, ya no puede conseguir que el Banco Central emita inorgánicos a cambio de pagarés del Estado.

Para complicar más la cosa, en los últimos días la situación económica mundial ha vuelto a empeorar y se prevé una segunda recesión, lo que reduciría nuestros ingresos en divisas por concepto de turismo e inversión extranjera.  También bajarían nuestros ingresos fiscales. Más razón para continuar con el acuerdo con el FMI.  El gobierno del PRD no pudo cumplir con sus acuerdos con el FMI en el 2003-2004.  El del PLD sí lo ha logrado, hasta ahora.  Sería una pena que, por afán de gastar mucho, este acuerdo se caiga y si se cae, muchos ingresos para el gobierno del FMI, el BID y el Banco Mundial, ya programados, dejarían de ingresar.