Dirigencias partidarias representativas estuvieron de motu proprio fuera de la primera fila de rechazos a los alcances del proyecto de Reforma Fiscal al colocarse tempranamente en posiciones de «cero trato» con el Gobierno aunque ahora reculan un poco para embestir la controversial fórmula con descalificaciones sin apoyo en cifras ni alternativas y con lugares comunes típicos de discursos de campañas electorales mientras voceros de sectores productivos y consumidores ponen énfasis en sangrar como contribuyentes por una herida que ni siquiera les han llegado pero que urgen a curarse en salud.

Como antecedente asomó temprano en el parlamentarismo a la criolla la exacerbación de incapacidades de tirios y troyanos, incluyendo al propio oficialismo, que han impedido conciliar posiciones para que desde antes el país contara con un Código Penal ajustado a los tiempos y superar una alta mortalidad materna por abortos clandestinos con violaciones a derechos femeninos sobre sus cuerpos, entre otros malos saldos.

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Contradicciones sectarias en la mayoría congresual oficialista que se resquebraja frustraron un equilibrado plan para compactar y hacer más eficiente y del menor costo posible a los contribuyentes la supernumeraria Cámara de Diputados. Además Inflexibilidades de un sindicalismo vitalicio y de dudoso arraigo en masas labores y la reticencia de empleadores al cambio de normas obsoletas mantienen en agudo atraso las regulaciones entre el capital y el trabajo.

En cambio, un diálogo previo inclusivo bajo alguna idónea mediación independiente hubiera hecho emerger una propuesta más acabada para la Reforma Fiscal sin los ribetes de aguda desigualdad que la proyectan como capaz de acabar con la rentabilidad de los más productivos sectores de la economía y generar un aumento del costo de la vida por un IVA de máxima intensidad sobre alimentos jamás gravados antes con la amarga ridiculez de incluir hasta a las tayotas preferidas por los pobres para abultar sin nutrición alguna platos de sus precariedades en la mesa. El rancho arde y ahora es que hay que apaciguar a todo el mundo.

Diagnósticos turbadores sostenidos por los más entendidos en la materia y hasta por gente llana y perjudicada, coinciden en que la reforma fiscal sería regresiva, agresiva y abusiva con la experta Mercedes Carrasco explicando que es regresiva porque descansa más en los impuestos indirectos; agresiva porque introduce impuestos nunca vistos a 120 productos de la canasta alimentaria, y abusiva porque recae sobre los más vulnerables y la clase media con el 82% de los recaudos programados.

DURA REACCIÓN

Los estallidos analíticos han sido desfavorables a esa palma de fuego llamada Proyecto de Modernización Fiscal y para muestra un fragmento de una de las últimas columnas en este periódico de Rosario Espinal: «La sociedad dominicana ha aguantado con estoicismo la inflación reciente. Antes de poner más impuestos al pueblo (IVA, IPI, etcétera) el Gobierno debería arreglar muchos entuertos y mostrar un Estado más austero y eficiente».

De reconocida formación académica en Estados Unidos donde alcanza relieve como ensayista, Espinal destaca una notable insatisfacción con el gasto público: «En un Estado corrupto y clientelar los programas sociales son limitados en cobertura y calidad. Por eso, aunque la economía dominicana ha crecido durante los últimos cincuenta años no ha mostrado una mejoría sustancial en los índices de desarrollo social».

En un reciente editorial el Listín Diario reclamó lo que en efecto ha venido a ocurrir: «El presidente Abinader y sus funcionarios, así como los legisladores, deben escuchar con detenimiento los cuestionamientos a la reforma fiscal porque la armonía, la paz y la libertad de que disfrutamos hoy, valen más que RD$122.000 millones».

Coincidiendo con el surgimiento de un mayoritario rechazo a los alcances de la reforma fiscal propuesta, el columnista Miguel Guerrero opinó que los gobiernos de este país no han escuchado los reclamos de la sociedad «y solo se sienten comprometidos cuando sienten que el agua les llega al cuello». (¿Sería este el caso?). Cuando así escribió, la presente administración del Estado no había abierto las puertas a las reacciones sociales a sus propósitos reformadores.

En coincidencia, este diario, en su sección «Sube y baja», llamó al Gobierno y a sus diseñadores de la propuesta de reforma fiscal a reunirse con los sectores productivos, uno a uno, para escuchar sus argumentos y con lápices y «sumadoras» ver los efectos de cada tributo». Además, puso en falta que las autoridades nacionales no se hubiesen tomado el trabajo hasta ese momento de escuchar a expertos con experiencia de Estado como Carlos Despradel, Héctor Guilliani, Bernando Vega, Abreu Collado, Daniel Toribio, Lois Malkum, Apolinar Veloz y otros.

RESPUESTAS POLITICAS

Aunque ha rehuido toda conversación directa sobre reforma fiscal con el Gobierno y aun puesta en evidencia como una de las anteriores administraciones gubernamentales que huyeron en todo momento del clavo caliente de los impuestos, el Partido de la Liberación Dominicana externó su rechazo al proyecto por considerarlo «un golpe a la clase media y a los sectores más pobres». El partido morado negó autoridad moral al actual Gobierno para pedirle a la población que asuma el «sacrificio» de su iniciativa.

Para la alta dirigencia del partido Fuerza del Pueblo, la propuesta de reforma fiscal del Gobierno del PRM contradice los principios establecidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que demanda una reforma fiscal que sea progresista. La que propuso el presidente Luis Abinader ha sido criticada con alegatos de drasticidad.

Es vista además por los peledeístas como «regresiva», cargando el peso de los impuestos sobre los sectores más vulnerables como la clase media y los más pobres. Los gobiernos del doctor Leonel Fernández aparecen en la lista de las administraciones que se abstuvieron de dar paso a la reforma fiscal largamente reclamado por la realidad dominicana, retraso señalado por analistas como una de las causas de la actual urgencia de tomar la sartén por el mango cueste lo que cueste.

Con llamados a actuar en vez de teorizar, el dirigente del opositor Movimiento Caamañista, Narciso Isa Conde, llamó «a los sectores populares y a las capas medias golpeadas por este paquetazo y las demás políticas opresivas y degradantes a defender los derechos fundamentales del pueblo» en obvia preferencia por las movilizaciones sociales. «Llamamos a las organizaciones y movimientos a coordinarse para esta trascendente resistencia socio-ambiental destinada a derrotar el paquetazo y conquistar una vida decorosa en un ambiente sano».

Isa describió la ofensiva impositiva enviada al Congreso por el presidente Luis Abinader como excluyente porque no propone «gravar las enormes ganancias y riquezas en poder de las élites capitalistas de donde podrían obtenerse los recursos para aumentar los ingresos necesarios del Estado e invertirlos en planes sociales, desarrollo de fuerzas productivas, infraestructuras cruciales y transformaciones culturales».

MAL DE FONDO

En un seminario patrocinado recientemente por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, se puso de relieve que América Latina, incluyendo a la República Dominicana desde luego, necesita aumentar sus recaudaciones tributarias para invertir en el desarrollo sostenido expresándose reconocimientos para el Programa Mundial de Alimentos como antídoto.

Se admitió que la política fiscal en la región se ha complicado debido al bajo crecimiento económico (no es tanto el caso dominicano) y los altos costos financieros que generan crecientes presiones para contener el gasto público. Se tomó en cuenta que cuando los países tienen que dedicar hasta cinco puntos del PBI para pagar la deuda se reduce el dinero para inversiones en salud, educación, infraestructura y otras áreas del desarrollo económico. La proporción del endeudamiento dominicano, según el economista Apolinar Veloz, llega al 64.5% del PBI y se toma prestado hasta para pagar intereses.

El seminario llegó a la conclusión de que es imprescindible incrementar el espacio fiscal para lograr sociedades más productivas, inclusivas y sostenibles tanto en América Latina como en el Caribe. «Los países cuentan con un espacio fiscal reducido, con crecientes presiones para contener el gasto público con miras a resguardar la dinámica de la deuda pública».