El gobierno dominicano ha sometido al Fondo Monetario Internacional (FMI) una segunda carta de intención, cinco meses  después de la primera de octubre pasado. Era necesaria, pues se habían violado dos compromisos bajo el acuerdo: el nivel del déficit del gobierno central y la no eliminación de los atrasos a las generadoras de electricidad. La primera se debió principalmente a que el programa presumía un nivel de precios del petróleo a US$72.00 el barril  pero el promedio fue bastante más, por lo que se tuvo que incrementar el subsidio a la CDEEE. La eliminación de los retrasos se logró en marzo pasado, en vez de diciembre.

El programa sigue siendo muy generoso para nuestro gobierno, ya que se continúa con el nuevo patrón surgido de la crisis internacional de proveer muchos recursos a los países subdesarrollados sin exigir grandes condiciones. En el caso específico dominicano, las medidas políticamente costosas se tomarán después de las elecciones de mayo. Los desembolsos el BID, Banco Mundial y el FMI ascendieron a la friolera de 830 mil millones de pesos para fines de marzo pero subirán aún más, a 1,437 mil millones de pesos para finales de mayo, por lo que habrá mucha plata para gastar durante los  días previos a las elecciones. El tope de 1,793 mil millones de pesos de desembolsos se logrará  en julio.

Además de esos desembolsos están los bonos soberanos. La carta de intención de octubre mencionaba una inversión de US$600 millones, pero la nueva carta cita “por lo menos US$600 millones”. Aparentemente el gobierno convenció al FMI de que necesita más recursos debido a que los actuales precios del petróleo están por encima de lo que aparecen en el presupuesto, por lo que los recursos para cubrir el déficit de la CDEE serán mayores.

Lo más costoso políticamente es el compromiso de adoptar una tarifa eléctrica flexible que cubra los costos de generación, trasmisión y distribución de la electricidad, con lo que se eliminaría el costosísimo subsidio eléctrico. El aumento en  el precio de la electricidad dependerá del precio del petróleo, el gas natural y el carbón. Las distribuidoras se comprometen a aumentar el número de sus clientes en un extraordinario 33% y cobrar un 70% de la electricidad que vende. Si se logra será un gran éxito. La cantidad de pobres que en los barrios recibirán el subsidio eléctrico aumentará de 11,000 a 50,000 para diciembre de este año. Y 70,00 pobres adicionales recibirán tarjetas para poder comer barato.

Un compromiso que enfrentará la resistencia del empresariado es el de “diseñar” la estrategia (ojo, no implementarla) para reducir las exoneraciones fiscales. Ese compromiso venció el recién pasado mes de marzo así como el del diseño para mejorar la administración tributaria y el de las aduanas. También para marzo la Superintendencia de Bancos debió tener listo el diseño de un plan, que tan sólo sería efectivo antes del 2012, para que nuestros bancos cumplan con todos los principios básicos de Basilea.

La inyección de una cantidad extraordinaria de recursos externos en pocos meses, más los gastos de la construcción de la mina de la Barrick, así como la exportación de bienes y servicios ligados a la tragedia haitiana, bien pueden crear cuellos de botella en nuestra producción y hasta un sobrecalentamiento de la economía.