SAMUEL SANTANA
NEW YORK.- Es innegable que después de la llegada al poder del doctor Leonel Fernández Reyna en el corazón del pueblo ha renacido la esperanza de que cambie considerablemente la difícil situación por la que atraviesa el país, especialmente agudizada después de la gestión del ingeniero Hipólito Mejía Domínguez.

Los dominicanos que hemos recibido el cambio de gobierno fuera de la nación nos mantenemos muy al tanto del desarrollo y del acontecer político del país. Las preguntas básicas no se hacen esperar: ¿Se habrá producido una reducción de los largos, tediosos e infernales apagones? ¿Habrán bajado el elevado costo de los alimentos que conforman la canasta familiar? ¿Se le habrá puesto algún control al dislocado incremento de la tasa del dólar?

Claro está, a estas interrogantes se le suma el deseo de saber si las nuevas autoridades trataran de hacer una exhaustiva búsqueda en los archivos financieros de la nación para determinar hasta que punto llegaron a manifestarse los niveles de corrupción dentro del erario público.

Hay que reconocer claramente que la gran crisis que ha golpeado inmisericordemente a los dominicanos ha tenido su origen por diversas vías.

La economía fue afectada por situaciones impredecibles y difíciles y de grandes repercusiones. Pero, de igual modo, no se puede esconder la gran realidad de que la ambición y las ansias de riquezas llevaron a que se desviaran fondos y recursos que debieron ser consagrados a la mejoría de la condición de vida de los dominicanos.

Es por eso que aunque el gobierno actual debe emplearse bien a fondo para revertir los males heredados, debe también procurar sentar un precedente.

Esta nueva administración ni puede incurrir en el error de pasar sobre el estado el famoso borrón y cuenta nueva ni, muchos menos, lanzarse a una casería de culpables para luego dejar todo sin efecto.

Se ha convertido en algo ya tradicional que cada vez que se inicia un gobierno se produce un gran revuelo dentro del sistema judicial con investigaciones y apresamientos de antiguos funcionarios. Sin embargo, con el paso de los días, todo vuelve a la normalidad al recuperar prontamente la libertad los supuestos culpables. La historia no puede seguir repitiéndose siempre.

Es tiempo ya de que en República Dominicana se den pasos firmes para lograr que exista una verdadera institucionalidad y que se concretice el respeto y el cumplimiento a las leyes.

Históricamente esta demostrado que la actitud de los políticos le ha causado más daño al país que cualquier otro fenómeno.

Esto ha llevado a que a pesar de los cuantiosos recursos que han entrado a las arcas del Estado, especialmente por la vía de los préstamos, la nación vive todavía padeciendo de unos males preocupantes a pesar de haber sido superados por naciones que tienen menos recursos y que carecen de una democracia como la nuestra.

Los políticos de nuestro patio saben lo que han hecho, pero siempre viven queriéndole hacer creer al pueblo que sus males tienen otras vías y otras razones de ser.

Ellos conocen muy bien las razones reales por las cuales ha habido hospitales sin medicamentos, dislocamiento en la economía, aumento en los artículos de la primera necesidad, escasez de combustibles, apagones sin tregua, desempleo y una miseria espantosa.

No combatir la corrupción de manera seria y responsable es señal no solo de congraciamiento y de que se quiere dejar una cuenta a favor por si mañana se invierten los papeles, sino de que estamos lejos de lograr un verdadero desarrollo y progreso como nación. Y esto mataría el único hálito de esperanza que queda en el pueblo.