La nueva gestión pública: evolución y tendencias

La nueva gestión pública: evolución y tendencias

Determinar los aspectos teóricos fundamentales en los que se sustenta la nueva gestión pública, su evolución y nuevas tendencias exige un profundo análisis de todo lo que implica la institucionalidad y la gerencia profesional.

Para valorar los aspectos relevantes de la nueva gestión pública debemos enfocar este debate de ideas en las distintas teorías que configuran la administración y organización pública. Por un lado, la teoría de la elección pública o “publicchoice”; por otro lado, la teoría de los costes de transacción; y una tercera teoría, la del neo-tailorismo. A través de estas se persiguen reformas administrativas mediante posturas distintas como la competencia, la elección, la transparencia y control de las actuaciones del funcionario público.

El nuevo institucionalismo considera que las entidades públicas son relevantes para entender y explicar las interacciones entre los individuos, ya que la gerencia profesional se enmarca en el estudio de la organización burocrática interna de la administración que rompe con el mito de las diferencias de gestión entre el sector privado y el sector público.

La teoría de la elección pública o “publicchoice” abarca el estudio económico de las decisiones que se adoptan en la administración pública, dejando de lado al mercado, o la aplicación de la economía en la Ciencia Política. Esta teoría se centra en el análisis de la burocracia administrativa para la obtención de la eficiencia en la actuación pública, criticando el monopolio estatal y proponiendo las siguientes medidas para evitarlo:

1) El desarrollo de los servicios públicos;
2) La privatización o contratación externa para reducir el gasto;
3) Información sobre la viabilidad de las alternativas de los servicios públicos; y
4) Controles más estrictos sobre la burocracia.

Por el contrario, la teoría de los costes de transacción considera como incorrecta la competencia en la administración pública, pues, como considera en sus posturas, podría generar costes adicionales de los cuales carece la tradicional forma burocrática de provisión de los servicios. Es decir, implica en su modelo de gestión pública la intervención del Estado como un ente separado de las negociaciones privadas, de la inversión y participación de la inversión del Estado en proyectos de producción o capital privado.

Por otro lado, el neo-tailorismo considera que la causa de una mala gestión pública tiene que ver con la administración en sí misma. Pero además, cuando se carece de un sistema de gestión adecuado y el perfil de los gestores es deficiente, conduce a factores que impiden la consecución de la eficiencia.

Para el neo-tailorismo, la reinvención del gobierno implica la transformación fundamental de los organismos y sistemas públicos para producir mejoras en la eficacia y eficiencia, la adaptabilidad y la capacidad para innovar.

Otras implicaciones que propone el neo-tailorismoes que, cambiando los propósitos, los incentivos, la responsabilidad, la estructura de poder, la cultura de la institución, y la inclusión de técnicas fundamentales consistentes en la separación entre política y gestión permiten lograr más eficiencia y eficacia en la administración pública. Es por esto que esta teoría exige la reducción de las normas que limitan la actuación de los directivos para lograr el “gerencialismo” o profesionalización del gestor, con controles económicos y financieros que permitan exigir responsabilidades personales y mecanismos incentivadores para premiar logros y sancionar fallos.

De la combinación de estas tres tendencias o teorías: la de elección pública o “publicchoice”, la de los costes de transacción, y la del neo-tailorismo, se genera una enriquecedora propuesta sobre la gestión pública de calidad, y de que esta debe ser enfocada desde el logro de los resultados esperados, con menores niveles de burocracia e inversión de recursos económicos de forma estratégica, sin dejar fuera al ciudadano como centro de atención de la administración pública, al cual el Estado debe garantizar su participación y colocarlo en la cuestión de toma de las decisiones.

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