La Junta Central Electoral es la institución más llamada a garantizar y a preservar la continuación del régimen democrático en nuestro país, por el que el pueblo dominicano ha derramado tanta sangre.

El trabajo de la Junta termina a los cuatro años de su toma de posesión con la convocatoria y organización de elecciones a todos los niveles, pero mientas transcurre esa preparación, hay otros trabajos importantes y necesarios para que estos comicios puedan ser transparentes.

El ejercicio de los derechos civiles y políticos de cada uno de nosotros, depende de su oportuna identificación personal. Y la Junta Central Electoral es la encargada de la expedición de los documentos básicos para ese ejercicio, no solo para ejercer nuestros derechos electorales sino todos los demás derechos de la vida civil y política de la ciudadanía.

La nueva JCE debe abocarse a luchar desde sus inicios por el fortalecimiento del Registro Civil del que emanan los documentos de identidad con cuyo uso cada ciudadano ejerce sus derechos civiles y políticos, tales como: actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, cuya preservación está a cargo de la Dirección del Registro Civil, que es uno de los órganos de la Junta.

De esos documentos dependen los demás. Tanto el Registro Civil como la expedición de las cedulas de Identidad son vulnerables, a tal punto que han habido muchos casos de suplantación de identidad.

Para subsanar esos problemas, esos documentos, desde el acta de nacimiento hasta el acta de defunción deberían tener nuestros datos biométricos y un número básico único desde nuestro nacimiento en nuestro territorio, de modo que no solo los dominicanos, sino también los extranjeros nacidos aquí deberían estar registrados biométricamente desde su primer día.

También de las extranjeras en tránsito que den a luz en nuestro país deberían obtenerse los datos biométricos del recién nacido. De esa manera éste no podrá alegar en el futuro que es dominicano de nacimiento.

Para los que ya somos adultos también deberá existir el procedimiento de obtención de sus datos biométricos. Quizás, además de huellas dactilares, podría agregarse el reconocimiento facial.

El control de la vida civil implicaría todos los datos de identificación de cada ciudadano, a modo de un genoma civil, con los que podríamos saber tipo de sangre, etc, lo que facilitaría hasta el control de su salud en caso de emergencia.

Con la disponibilidad de esos datos la Junta podría organizar los procesos electorales con mayor efectividad y con una reducción de las posibilidades de vulneración de la voluntad popular.

El fortalecimiento del Registro Civil y la permanente interconexión con los demás órganos del Estado relacionadas con esos documentos y datos, nos permitirá manejarnos en lucha por el perfeccionamiento de ese objetivo.

Cabe señalar que todos los organismos de seguridad del Estado, principalmente la Policía Nacional deberían tener esos datos, incluyendo los extranjeros.

Otro trabajo de la nueva Junta es revisar algunas leyes, por ejemplo la Ley 659 del Estado Civil de 1944, debe ser revisada y adaptada a la tecnología moderna. En 1944 no había computadoras ni internet.

La Ley 33-18 duró mucho tiempo paseándose en el congreso y la 15-19 se redactó muy precipitadamente. Lo ideal es redactar un código que recoja todas las leyes que rigen la materia.

Creo que el mayor de los problemas ha sido la aplicación de las leyes: muchas nunca han sido debidamente aplicadas.