El Gobierno dominicano ha anunciado con firmeza su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, a través de la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y la inminente creación del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Estas medidas, aunque bien intencionadas, plantean interrogantes sobre su implementación y efectividad real.

Una de las reformas más relevantes es la prohibición de que los exfuncionarios mantengan relaciones comerciales con las instituciones que representaron por un año después de su salida.

Si bien esta restricción puede prevenir el tráfico de influencias inmediato, resulta cuestionable si un solo año es suficiente para evitar conflictos de interés a largo plazo. En otros países, estas restricciones suelen ser más extensas y van acompañadas de mecanismos de control más rigurosos.

Otra disposición clave es el castigo de hasta tres años de prisión por declaraciones juradas falsas en los procesos de contratación con el Estado. Si bien es positivo que se contemplen sanciones más severas, la efectividad de estas penas dependerá de la capacidad de las instituciones para detectar y procesar estas infracciones. En un país donde la impunidad ha sido un obstáculo recurrente, la aplicación de estas medidas será crucial para generar confianza en el sistema.

Además, se han establecido penas de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos para servidores públicos que intervengan dolosamente en procesos de contratación. Si bien esta medida es necesaria, la pregunta clave es si la estructura de supervisión actual tiene la capacidad de hacer cumplir estas sanciones de manera efectiva y equitativa. La falta de independencia de algunos órganos fiscalizadores podría comprometer la imparcialidad en la aplicación de estas disposiciones.

Por otro lado, la obligatoriedad de que las instituciones publiquen en sus portales información sobre su actividad contractual es un paso positivo hacia la transparencia. No obstante, la experiencia ha demostrado que no basta con publicar datos, sino que se requiere un acceso real, claro y útil para la ciudadanía. De nada sirve la transparencia sin una estrategia de comunicación que permita a los ciudadanos entender y fiscalizar los procesos gubernamentales.

En cuanto al Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, la iniciativa suena ambiciosa y bien dirigida. Sin embargo, el reto principal radica en su implementación y en garantizar que no se convierta en otro organismo burocrático sin impacto real. La asesoría de la OCDE es un aspecto positivo, pero de poco servirá sin una voluntad política firme y una capacidad operativa adecuada.

El presidente Luis Abinader ha reiterado su interés en combatir la corrupción y fomentar la transparencia. Sin embargo, la verdadera prueba de estas medidas estará en su aplicación efectiva. La historia dominicana ha demostrado que muchas iniciativas quedan en meros anuncios si no se acompañan de una ejecución rigurosa y un seguimiento constante.

Es imperativo que la sociedad civil y los medios de comunicación ejerzan un rol activo en la vigilancia de estas reformas. La lucha contra la corrupción no debe depender únicamente del Gobierno de turno, sino de un compromiso ciudadano constante para exigir rendición de cuentas y fortalecer la institucionalidad.

En definitiva, las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y la creación del nuevo sistema anticorrupción representan avances significativos, pero su éxito dependerá de la voluntad política, la supervisión efectiva y el involucramiento ciudadano. De lo contrario, corremos el riesgo de que estas medidas se queden en el papel, sin generar un cambio real en la cultura de transparencia y rendición de cuentas que tanto necesita el país.

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