Las musas parecen haberlo intuido: allí donde la violencia impera y la ley se convierte en polvo, como en Haití, los sueños de progreso se marchitan antes siquiera de florecer. Algo semejante podría decirse del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que este martes aprobó la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití.

La misión encabezada por Kenia, cuyo mandato concluye el jueves y que se redujo a 970 miembros —cuando en un inicio se proyectaron 2,500— será reemplazada por una nueva fuerza, acogiendo una iniciativa de Estados Unidos y Panamá. Esta contará con 5,500 militares y policías, acompañados por 50 civiles.

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El financiamiento de la misión, según lo establecido, dependerá de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU que deseen participar. Se espera que, a diferencia de lo ocurrido con la primera misión —que aspiraba a recibir 600 millones de dólares y apenas alcanzó 115 millones—, esta vez el compromiso internacional, reforzado por el liderazgo asumido por la Administración Trump, permita dotarla de los recursos necesarios. La aprobación de esta resolución llega en un momento tan oportuno como impostergable: Haití necesita desarticular las pandillas armadas que han sembrado la violencia y el caos económico, y recuperar un mínimo de orden institucional.

La evidencia internacional es contundente. Diversos estudios —entre ellos Fragility, Conflict & Violence, del Banco Mundial, y Political Violence and Economic Growth, de Cristina Bodea e Ibrahim Elbadawi— muestran cómo los conflictos erosionan el PIB per cápita y el bienestar social. La violencia frena el crecimiento sostenido y acarrea costos directos e indirectos enormes: destrucción del capital físico, gasto militar desmedido, pérdidas por muertes y desplazamientos, caída de la inversión privada, desplome del turismo, fuga de cerebros, deterioro de la productividad y una mayor incertidumbre.

Aún más grave resulta cuando el conflicto se enraíza en instituciones débiles. La corrupción, la impunidad y la fragilidad del Estado no solo propician la violencia, sino que multiplican sus efectos sobre la economía: desalientan la inversión, reducen la calidad de los recursos humanos a través de un deterioro en salud y educación, y desvían recursos hacia la seguridad en detrimento de las prioridades nacionales, profundizando el malestar social.

La lección es clara: violencia e institucionalidad frágil condenan al estancamiento; en cambio, allí donde impera un Estado de derecho sólido, con gobernanza efectiva y control de la corrupción, florecen el crecimiento económico y el bienestar de la población. Por ello, el éxito de cualquier misión en Haití no puede limitarse a la seguridad: debe ir acompañado de un robusto fortalecimiento institucional y de políticas socioeconómicas que estimulen la inversión y el empleo.

Ese es, precisamente, el anhelo que despierta la nueva misión internacional. Que no solo acalle el estruendo de las armas, sino que siembre instituciones firmes, capaces de guiar al país hacia un horizonte de paz y desarrollo.

Si ello ocurre, podrían empezar a superarse las penurias que por siglos han marcado al pueblo haitiano y que hoy se leen en las cicatrices de su historia. Y, de paso, abrirse la oportunidad de un mayor flujo de inversiones y de una relación comercial más vigorosa entre Haití y la República Dominicana, que nutra el bienestar de ambos pueblos y reduzca las tensiones migratorias.