Al finalizar la guerra fría y, consecuentemente, al miedo a una “segunda Cuba” en el Caribe, desaparecieron los esfuerzos norteamericanos por cambiar gobiernos en la región, como fueron los casos, a partir de 1954, de Guatemala, Guyana, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Grenada. La última intervención armada, Panamá en 1989, fue para sacar a un dictador ligado a la droga y no al comunismo.
Las nuevas prioridades norteamericanas ahora son la lucha contra las drogas y la migración ilegal, pero también la promoción de la democracia y el libre mercado. En cuanto a drogas, Estados Unidos cometió el error de buscar su solución a través de reducir la producción y evitar el tránsito, en vez de luchar por reducir el consumo en su propio país. Ha sido un fracaso. Ahora se trata de legalizar la marihuana.
La última medida norteamericana contra la inmigración ilegal, anunciada la semana pasada, fue detener la llegada ilegal de haitianos a Estados Unidos, ya sea a través de yolas desde República Dominicana o la frontera mexicana. Ahora serán deportados. Desde el terremoto se les permitía quedarse. Eso creará más problemas migratorios para nuestro país y reducirá el negocio de las yolas. Esos haitianos nos serán devueltos desde Puerto Rico. El debate electoral norteamericano ha exacerbado el sentimiento anti-migratorio, tanto entre republicanos como demócratas.
Los gobiernos republicanos de Bush padre e hijo, y los demócratas de Clinton y Obama, han promovido la democracia en la región, al no existir ya necesidad de apoyar elementos de derecha, como Balaguer, en la lucha contra el comunismo. Esto crea problemas para los gobiernos del PLD, que cada día más se caracterizan por su similitud con el viejo PRI mexicano de no aceptar las normas democráticas ya imperantes en la gran mayoría de los países sur y centroamericanos, como cortes y juntas electorales independientes, nóminas no abultadas con “compañeros”, el no llenar de periodistas a la nómina pública, etc. En contraste con Centroamérica, en nuestro país no hay políticos presos.
En el caso del libre comercio en Estados Unidos hay cada día menos apoyo, ya sea al NAFTA o al DR-CAFTA. Este último fue aprobado en 1984 con 54 votos contra 45 en el Senado y aun por menos, 217 contra 215 en la Cámara de Representantes. Hillary votó en contra. Trump ha prometido eliminar o modificar el NAFTA y Hillary ha dicho “demasiadas veces los pasados acuerdos de comercio han sido vendidos al pueblo norteamericano como escenarios rosados que no han resultado ser”. ¿Qué hará cualquiera de los dos? Está por verse. Bajo la legislación norteamericana un acuerdo de libre comercio requiere la ratificación congresual, pero su denuncia solo requiere de una decisión presidencial dando un previo aviso de seis meses. En México un 52% apoya quedarse en el NAFTA, contra un 33% que prefiere un “Mexit” a la inglesa. Allí, cuando llegó el momento de la libre importación de maíz subsidiado, vencido el plazo de los 10 años, la pequeña agricultura quedó devastada. En agosto miles de campesinos se reunieron en Ciudad de México solicitando la renegociación del NAFTA.
En nuestro país es ahora, y no en 1984, cuando nos damos cuenta del enorme impacto de ese acuerdo sobre nuestra producción de arroz, frijoles, carnes, etc. Si Trump deroga el DR-CAFTA se “solucionaría” ese problema, aunque la medida tendría un tremendo efecto negativo sobre nuestras zonas francas y el ambiente de inversión en general. Por el contrario, si se mantiene, ¿podrá ser renegociado? México con toda su fuerza política no lo logró con la crisis de su maíz y menos podríamos nosotros como país mucho más débil. Lo inteligente sería negociar junto con una Centroamérica que amenazaría con enviar más agricultores afectados como inmigrantes indocumentados.
Mientras tanto, luce que nuestro gobierno apuesta a lograr una modificación, o la eliminación del DR-CAFTA, para no enfrentar la dura realidad de qué hacer con las grandes zonas productoras de arroz, frijoles, etc. Sin los centroamericanos no tendríamos éxito y aún así las posibilidades son muy reducidas. El “Plan B” es estudiar desde ahora cómo encontrar usos alternos a las tierras afectadas por la libre importación. Eso ha tenido que hacer México.