Sin la intervención del Presidente de la República no será posible una reforma de la Policía Nacional, afirmó el jurista y vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS),Servio Tulio Castaños, quien consideró que ha faltado voluntad política para adecentar las entrañas de ese organismo. Expresó que si el Poder Ejecutivo no participa en la transformación del organismo, aún cuando haya una propuesta en el Congreso Nacional no se logrará el objetivo deseado porque son muchas las estructuras que deben desmontarse.

La modificación a los códigos Penal (CP), Procesal Penal (CPP) y del Menor contemplará el aumento de la pena máxima a 40 años de reclusión, establecerá el cúmulo de penas, elevará a dos años la prisión preventiva y aumentará la condena a los menores infractores de la ley.

La revelación fue hecha por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

De acuerdo con el legislador, esas modificaciones se suman a otras que fueron presentadas por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, de la que forman parte los titulares de las instituciones que integran el sistema de justicia, y con la que buscan armonizar las citadas legislaciones.

En relación al CPP, Martínez explicó que fueron señalados 72 artículos para su modificación dentro de los que se establece que la violencia de género pasará a ser calificada como de acción pública, a modo de que el Ministerio Público pueda continuar con el proceso judicial en los casos en que la persona que recibe la agresión retire la acusación.

Muchas veces se buscaba como excusa para cuando una mujer era golpeada y maltratada que retiraba la querella, ahora el Ministerio Público tiene la potestad de que, aunque la mujer retire la acusación, cuando precede violencia, el caso pueda seguir hasta las últimas consecuencias, expresó.

Otro aspecto del CPP que resalta es que en la actualidad los tribunales unipersonales solo conocen casos cuyas sanciones no superan los dos años de prisión y con la reforma esos jueces podrán conocer de los casos en que las infracciones contemplen hasta 5 años.

Prisión preventiva. En relación a la prisión preventiva como medida cautelar, Martínez dijo que en el proyecto la elevan a dos años y contemplan hacer precisiones en el sentido de que en determinados casos solo pueda ser impuesta la privación de libertad como coerción.

Hemos pensado en la posibilidad de que para crímenes cuya pena sea superior a 20 años, el juez de la Instrucción que entiende, previo lo que le ha entregado el Ministerio Público, que hay elementos que inculpen a esa persona le imponga la medida privativa de libertad. Estamos hablando de sicariato, asesinatos y feminicidios y otros crímenes horrendos que consternan a la sociedad, precisó.

Explicó que esto en atención a la preocupación de que, basados en el arraigo, los jueces ponen en libertad a personas acusadas de traficar con 200 kilos de cocaína y de crímenes horrendos.

En combinación con lo señalado, también será ampliado el tiempo del Ministerio Público para la investigación y será extendido a cuatro años el periodo para la conclusión de todo el proceso judicial, que en la normativa procesal vigente es de tres años.

Feminicidio y sicariato. En la reforma al Código Penal serán incorporados el sicariato y el feminicidio con una definición constitutiva para que en esos casos se aplique la pena máxima.

El legislador explicó que en América Latina ya hay más de 15 códigos penales que tienen incorporado el feminicidio, ante la alarmante situación generada por la cantidad de mujeres que caen a manos de sus parejas.

En relación al sicariato dijo que hay tres componentes posibles de esta modalidad criminal: el que paga, el intermediario y el que ejecuta.

Esos tres elementos nosotros los hemos asimilado en la definición incorporada a la propuesta como sicarios. Por lo tanto le corresponderá la misma pena, subrayó.

Asimismo señaló que dan responsabilidad a los adultos que usan a menores para cometer hechos delictivos o se hagan acompañar de menores para cometer acciones reñidas con la ley con penas de 4 a 10 años de prisión.

Cúmulo y aumento de pena. Martínez expuso que, aunque existe la falsa creencia de que el aumento de la pena máxima sea la solución al problema de la criminalidad, el papel del legislador es escuchar el sentir de la gente y la situación que han encontrado es lacerante. Dijo que en atención a ello se dispondrá el aumento de 30 a 40 años de reclusión mayor como pena máxima y asimilaron también la acumulación de pena que, aunque está aún en discusión, sería hasta 40 años.

Sobre el cúmulo de penas hemos escuchado que en otros países no da resultado pero nosotros debemos darnos nuestra propia experiencia, y ver lo que podemos sacar de una República Dominicana cuya tendencia en este momento no es a que los niveles alarmantes de criminalidad se reduzcan, sino todo lo contrario, a que se sigan incrementando, lamentó.

En ese sentido, hizo referencia a estadísticas que revelan que más de 25 mil personas han sido sometidas en un año por narcotráfico y que esos son pocos los condenados.

Martínez dijo que la importancia de la modificación conjunta de esos tres códigos permitirá afinar los criterios que contiene cada uno, debido a que en la actualidad existen criterios contenidos en el CPP que no figuran en el Código Penal. Expresó que el informe que prepara la comisión a su cargo, será presentado en un plazo de una semana a un mes al hemiciclo, debido a que realizan correcciones gramaticales para luego hacer una revisión final.

Dijo que las modificaciones fueron presentadas hace un año y medio por parte de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal y que durante el proceso de evaluación se llamó a vistas públicas en las que escucharon diferentes sectores en relación a los artículos sujetos a modificación.

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Dureza sicarios

El que planifique cometer un acto de sicariato, el intermediario y el autor del hecho serán considerados como sicarios y le aplicará la pena máxima.

Coerción a dos años

La medida de coerción será llevada a dos años de prisión preventiva. Se le aumentará el tiempo de investigación para el Ministerio Público y el proceso judicial completo será de cuatro años.