En República Dominicana, más de 15,000 estudiantes en el sistema educativo preuniversitario carecen de actas de nacimiento, un documento esencial que no solo valida su identidad, sino que también les permite acceder a derechos básicos como graduarse del bachillerato o continuar hacia la universidad.

Esta situación no solo amenaza su futuro académico, también los margina de beneficios sociales esenciales diseñados por el Gobierno. Tal es el caso de Enrique, de 16 años, que cursa el tercer año del bachillerato; Yanmaicol, de 20 años, quien abandonó sus sueños de pelotero de grandes ligas y Lucía, de 21 años, que decidió suspender el bachillerato, hasta tanto puedan obtener el documento. Todos, residentes en comunidades de Santo Domingo Norte.

Lucía López, abogada y encargada del Programa de Declaraciones Tardías de Niños, Niñas y Adolescentes Escolarizados, de la Dirección General de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación, afirma que la entidad lidera un esfuerzo titánico para enfrentar ese problema. En entrevista exclusiva para HOY, López desglosa las complejidades del sistema, los esfuerzos realizados y los retos que persisten.

Un problema que comienza en casa

“El problema de las declaraciones tardías es profundamente familiar”, explica López, al indicar que “la sociedad no fomenta la falta de registro, esto es una cuestión de cómo las familias manejan la documentación de sus miembros”. Según ella, aunque el Estado ha flexibilizado las políticas para facilitar el proceso de registro, el desafío radica en la falta de información y preparación documental de muchas familias.

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López ejemplifica con el caso de Ramona Núñez, una mujer analfabeta de 101 años que, a pesar de sus circunstancias, registró a todos sus hijos. Esto contrasta con situaciones actuales, donde familias enteras permanecen sin registro por desconocimiento o barreras económicas.

El impacto en la educación

El Ministerio de Educación permite que estudiantes sin acta de nacimiento se matriculen hasta el nivel secundario, pero el problema surge al momento de graduarse. Sin un documento de identidad, no pueden recibir su título ni continuar estudios superiores.

“El sistema educativo está diseñado para incluirlos, pero sin un acta, quedan atrapados en un limbo administrativo”, detalla López. Además, la situación se agrava por la discriminación en el acceso a actas gratuitas. Mientras los estudiantes de primaria pueden obtener actas de manera gratuita, a los de secundaria se les exige un extracto del documento, lo que implica un costo adicional.

“Esto es una barrera significativa para familias en condiciones de vulnerabilidad”, señala.

Esfuerzos institucionales: más allá de la educación

Desde 2012, el Ministerio de Educación, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras instituciones, ha impulsado jornadas de documentación en todo el país. Esas iniciativas han logrado avances significativos, pero no suficientes.

“El año pasado asistimos a 379 familias, lo que resultó en más de 500 niños y niñas documentados”, informa López. Sin embargo, muchos casos requieren un abordaje más personalizado y técnico, ya que los problemas legales y notariales complican el proceso.

Además del Minerd, instituciones como Supérate, Propeep, la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República, trabajan en conjunto para abordar el problema. Sin embargo, López enfatiza que el éxito depende de la participación activa de las familias y las comunidades.

Una lucha humanitaria

Más allá de las cifras, López resalta el componente humano del problema. “Cuando trabajamos con personas sin acta, escuchamos historias de abandono, pobreza y traumas que se extienden por generaciones. Documentar a alguien no es solo un trámite, es darle una esperanza, un lugar en la sociedad”, afirma.