Desde su surgimiento en la Conferencia Internacional de Bogotá, Colombia, llevada a cabo del 30 de marzo al de mayo de 1948, la Organización de Estados Americanos tuvo como uno de sus principios fundamentales la preservación y promoción de los valores democráticos, a pesar de que, paradójicamente, la mayoría de los países de la región estaban viviendo bajo el yugo de abominables dictaduras.

Esta contradicción encuentra su explicación en la avasallante influencia de los Estados Unidos de América, país que fue el padre adoptivo de esta institución hemisférica, con el objetivo de mantener sus influencias en la zona, y que se encontraba enfrentada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en lo que el financista y consejero presidencial estadounidense Bernard Baruch denominara:  «guerra fría».

Un hecho que pone en dificultades a la OEA con su padre adoptivo fue el atentado que sufriera el presidente venezolano Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960, del cual salió con serias quemaduras y que fue planeado por la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo.

El presidente venezolano buscó comprometer a todos los gobernantes democráticos del continente a romper relaciones, acosar diplomáticamente a gobiernos no democráticos, y a no reconocer a aquellos gobiernos que habían surgido por medio a golpes de estado, a este conjunto de medidas se les denominó: doctrina Betancourt.

La referida iniciativa encontró eco en la Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio, llevada a cabo el 16 de agosto de 1960 en San José, Costa Rica. Entre los participantes se encontraba el Secretario de Estado Christian Herter.

A contrapelo con la posición estadounidense se aprobó una resolución que condenaba a la República Dominicana por el atentado contra la vida de Betancourt.

Los Estados Unidos de América temían que las acciones extremas contra la República Dominicana podían provocar la caída del régimen y crear un vacío en el poder que podría ser llenado por el ejemplo que representaba el castrismo cubano.

Tres décadas más tarde, mediante la resolución 1063, probada en la Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo en Asunción, Paraguay, se le confirió al Secretario General de la organización, el brasileño, Joao Clemente Baena Soarez, el mandato para que estableciera la Unidad de Apoyo a la Democracia.

Durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Santiago de Chile, en 1991, se aprobó la resolución «Compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del «Sistema Interamericano».

Dicha resolución es  mejor conocida como Resolución 1080, sobre democracia representativa.

El 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, se acogió como parte del sistema interamericano la Carta democrática Interamericana.

La aprobación de la referida Carta se concibió como una especie de prevención a las dictaduras y golpes de estado, que desde el alba de sus inicios como repúblicas independientes han marcado de forma aciaga el desarrollo económico y social de los pueblos latinoamericanos.

En toda la historia de la región latinoamericana se cuentan 326 dictaduras y golpes de estado, incluido el reciente ejecutado en Honduras.