POR JENNIFER HUGHES
El intento de Argentina para obligar la aceptación por parte de los tenedores de bonos de una oferta de cambio de unos US$100 millardos de deuda en moneda extranjera podría ser bloqueada, al menos temporalmente, por la corte federal en Nueva York.

La “oferta”, que no se negoció y que se haría sobre la base de “lo toma o lo deja”, se programó para presentarse el 29 de noviembre, mientras el gobierno argentino espera tener completado el proceso que eliminaría tres cuartas partes del valor de la deuda a mediados de diciembre.

Los argentinos pudieran sentirse falsamente optimistas por la salida de los documentos de su oferta de cambio de las entrañas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos del proceso de registro. Pudieran haber oído, pero no absorbieron completamente, que la SEC no tiene siempre como idea principal aprobar los méritos del acuerdo y la reestructuración. Por lo tanto, el proceso de registro pudiera resultar el menor de los problemas que los argentinos van a enfrentar.

Y tampoco es que estén preparados para una decepción. Un alto negociador de la deuda argentina, supuestamente, ha estado preparando establecer un negocio de asesoría, después de su partida inminente del cargo. El negocio se especializaría en mostrarle a los emisores soberanos y empresariales cómo incumplir con las mínimas consecuencias. Por su parte, Martín Redrado, el jefe del banco central de Argentina, ha estado preocupado porque los controles de cambio del país tengan que ser eliminados con cuidado para evitar influjos de depósitos “calientes” a corto plazo. El criterio es que habrá tantas personas con prisa por colocar dinero de nuevo en Argentina, después de que se complete la oferta de trueque, que la moneda podría verse sobrevaluada.

Pero no se preocupe, señor Redrado. No se producirá un problema con las riquezas. Eso se parece más a alguien en quiebra preocupándose por su proceso de planificación.

Para empezar, la oferta de trueque podría bloquearse mediante una demanda colectiva del querellante ante el juez Thomas Griesa, el juez del distrito de EEUU en Manhattan, cuyo equipo va a manejar todas las querellas de los acreedores contra Argentina. El demandante, H.W. Urban GMBH, es una compañía de inversión privada propiedad del exjefe de Continental AG, una de las mayores compañías en Alemania. El señor Urban, y sus socios propietarios de bonos argentinos de dos emisiones, que ascienden a un total de US$3,9 millardos, recibieron la certificación de sus reclamos como una demanda colectiva del juez Griesa en diciembre del año pasado.

Ahora, los abogados del señor Urban sostienen que bajo las reglas federales de procedimiento civil que gobiernan las demandas colectivas, la oferta de Argentina es una comunicación prohibida con los miembros de la demanda. La idea es que si usted es un acusado en el proceso, la comunicación con los demandantes solo puede llevarse a través de abogados, y cualquier arreglo (como la oferta de cambio) tiene que ser aprobada por el tribunal.

Esto no es más que el tipo de cosas que sucede cuando se emiten títulos en EEUU, y terminan siendo objeto de la jurisdicción de los tribunales de EEUU, como acordó hacer Argentina en sus documentos de oferta de bonos. Son demandas interminables.

Los abogados del señor Urban, con los de Cleary Gottlieb, los abogados de la república y el juez, están elaborando un programa para lograr una decisión acelerada sobre su moción de una admonición que detenga la oferta. No se puede adelantar cómo el juez Giresa va a fallar sobre la moción, aunque ya ha manejado muchos casos de demandas colectivas e intenta considerar con justicia los intereses de todas las partes. Pudiera fallar contra el señor Urban y los miembros de la demanda colectiva, sin embargo, según me dijo un abogado familiarizado con el caso: “Nosotros, y algunos abogados de otras firmas, estábamos revisando los papeles de la moción de Urban y no pudimos encontrar irregularidades obvias”.

Supongamos que hay alguna y que se niega la moción. Esta decisión podría ser apelada ante la Segunda Corte de Apelaciones del Distrito, en Nueva York. El Segundo Circuito tiene experiencia con litigios entre países y sus acreedores, y va a esperar argumentos cuidadosos.

Están también otros acreedores que le han pedido al juez Giresa una certificación colectiva. Es de esperar que incorporen sus peticiones en busca de ayuda.

Pero se tiene la idea, ¿cierto?. Todas estas acciones van a echarle azúcar al tanque de la gasolina, arena a la caja de velocidad, y clavos a las gomas de la oferta de trueque de Argentina.

Como dice uno de los tenedores de bonos: “No hay forma de que logren lo que buscan a finales de año. Si el tribunal demora la oferta hasta mediados de diciembre, con las festividades nos vamos a ir a enero. Entonces, en enero tendrán que llegar a algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

Un acuerdo con el FMI más difícil de lograr si los países miembros más importantes están presionados por los acreedores, que están entre sus ciudadanos, Los europeos se están comportando más duros que los norteamericanos.

Mientras tanto, las demoras en el proceso de los tribunales va a profundizar los problemas del mundo real de Argentina. Estos incluyen una economía que está en los límites de crecimiento creados por escasez en inversiones y la perspectiva que acciones de los acreedores interfieran con el comercio y los flujos de efectivo.

Podría ser más sencillo negociar con los tenedores de bonos. Esto parece, quizás, demasiado simple para los argentinos.

TRADUCCION: IVAN PEREZ CARRION