Una constitución es un texto jurídico-político que establece la estructura política, jurídica y social de un Estado. Además, puede considerarse, en su origen, como una manifestación del predominio de la ley, en contraposición a la arbitrariedad del poder político. Esta oposición a la arbitrariedad del poder tiene raíces históricas, remontándose a las ideas de Montesquieu, quien en su obra El espíritu de las leyes propuso el equilibrio de poderes como un mecanismo para prevenir la concentración de poder en un solo individuo y el despotismo

En pleno 2024, han estado de moda las reformas constitucionales en varios países de la región como el caso de República Dominicana, México y ahora Nicaragua. En el caso dominicano hemos hablado anteriormente de los distintos puntos que tiene tanto en lo positivo y negativo de la reforma constitucional, pero en este caso nos referiremos a los otros dos casos mencionados de México y Nicaragua que han sido muy llamativos por las razones que mencionaremos en adelante.

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Comenzando con los Estados Unidos Mexicanos, reconocidos como la cuna del constitucionalismo social gracias a la Constitución de Querétaro de 1917, donde también surgió la acción de amparo como mecanismo de protección jurisdiccional de los derechos, en la actualidad han dado un significativo retroceso en el ámbito jurisdiccional, favoreciendo prácticas de carácter populista.

En México, el entonces presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso una reforma constitucional que introduce cambios significativos en el Poder Judicial. Según esta reforma, los jueces de las Altas Cortes, los jueces federales, los jueces de distrito y otros magistrados serían seleccionados mediante voto popular. Esto implicaría que más de 1500 cargos judiciales se elegirían a través de elecciones cada tres años, siendo la primera votación programada para 2025. Un aspecto llamativo de esta propuesta es que los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) serían los responsables de presentar una lista inicial de candidatos, la cual sería posteriormente filtrada por comisionados encargados de evaluar a los postulantes.

Dicha reforma tiene como consigna “democratizar la justicia”, lo cual, lejos de la realidad, convierte a la judicatura mexicana en un lugar de ascenso por popularidad y no por capacidad, donde se ejercerá un control político ante la judicatura como sucedió con Bolivia, país en el cual actualmente tiene ese modelo y los resultados no han sido los mejores por dicha politización a favor de una mayoría que está en el poder.

En el caso de Nicaragua, el régimen autoritario de Daniel Ortega ha alcanzado un nuevo nivel con la promoción de una reforma constitucional que modifica 100 artículos de la Carta Magna. Entre los cambios más controvertidos, se establece que la presidencia será ejercida por dos co-presidentes, un hombre y una mujer, electos por «mayoría relativa», quienes además tendrán la facultad de designar a sus respectivos vicepresidentes. Esta medida parece diseñada para permitir que el actual presidente y su esposa, quien ocupa la vicepresidencia, compartan conjuntamente el poder presidencial. La reforma también amplía el período presidencial a seis años e introduce la posibilidad de reelección indefinida. Adicionalmente, otorga a la presidencia la autoridad para coordinar los poderes Judicial, Legislativo y Electoral.

Ese no sería el único problema más allá del hiperpresidencialismo monárquico de los Ortega, se encuentra artículos donde la libertad de expresión y la libertad de asociación son vulnerados, debido a la legalización las turbas paramilitares que golpean a los manifestantes bajo el nombre de “policía voluntaria”, la potestad del Estado nicaragüense de vigilancia y censura contra los medios de comunicación que compartan “noticias falsas” o “intereses extranjeros”.

El caso nicaragüense con esa alta concentración de poder en una familia, como las limitaciones a los derechos fundamentales convierte al sandinismo en algo que se compara o supera al régimen de Somoza que fue derrocado por dicha revolución sandinista que hoy en día tiene el nombre de Sandino pero es la monarquía de la familia Ortega. La realidad de nuestra región es que estamos en una ola de lo que pudiéramos llamar “Derecho Constitucional autoritario-populista”, que en años recientes lo vimos con El Salvador para la remoción de los jueces de la Sala Constitucional y luego la habilitación del presidente Bukele usando los tramites constitucionales adoptados para cubrir decisiones autoritarias. Esas decisiones no son reformas constitucionales, son contrarreformas adoptadas por un poder de turno con una mayoría cuasi absoluta que evita el consenso y hacen sus trajes a la medida, sin analizar el daño que se hace en el sistema democrático, la separación de poderes, los derechos y la institucionalidad