El artículo 13 de la Constitución de la República reza: Son derechos de los ciudadanos:      1. El de votar con arreglo a la ley para elegir los funcionarios a que se refiere el artículo 90 de la Constitución.

2.     El de ser elegibles para ejercer los mismos cargos a que se refiere el párrafo anterior.

El artículo 90 establece que los funcionarios elegibles son: Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Diputados, Síndicos y Regidores. El derecho a votar ha sido ejercido con amplia libertad, los problemas se presentan a la hora de contar los votos, cuando una nube cargada de malicia y abusos inunda los colegios electorales y se trastruecan las leyes de las matemáticas. Hay insalvables dificultades para que un ciudadano común sea candidato a un puesto público sea la Presidencia de la República o una regiduría en un munúsculo municipio, para comenzar las altas sumas a invertir.

Ese derecho se ejerce, normalmente, a través de un partido político que postula a tal o cual ciudadano.

¿Cuáles son las posibilidades de un ciudadano del común de ser candidato a uno u otro puesto público? La ley prácticamente obliga a que el ciudadano que aspira a un puesto elegible tenga que ser miembro de un partido político. La Ley Electoral ha privilegiado y privilegia, las candidaturas de partidos reconocidos por esa entidad, el individuo no cuenta.

Lógico es pensar que para que un miembro de partido se convierta en candidato a un puesto público, debe pasar por el tamiz de una elección interna donde compita con otros que tengan la misma aspiración y sea escogido libremente por una asamblea interna suplantada ahora por la voluntad de un grupo de dirigentes.

Ahora, la Junta Central Electoral admite que la aspiración de un ciudadano, miembro de un partido, sea sustituida por la voluntad de la dirigencia de la organización. 

Dígase lo que se diga, tronchar el derecho a ser elegido es una acción que irrespeta la Constitución. Ninguna regulación legal, ninguna decisión de organismo alguno debe estar por encima de lo que establece la Ley de Leyes.

Sólo en una partidocracia como la que vivimos, donde la voluntad del ciudadano es suplantada por la de un grupito, se puede jugar y desconocer  los derechos individuales.

Para ser admitido, un candidato debe gastar ingentes recursos aunque la procedencia del dinero tenga un origen ilegal.

El diccionario de la Real Academia define así oligarquía: Conjunto de algunos poderosos negociantes que se aúnan para que todos los negocios dependan de su arbitrio.

¡Chupe usted y déjeme el cabo!