Cinco instituciones financiadas por sectores ajenos al gobierno dominicano midieron lo que llaman “nivel de cumplimiento de lo establecido en la Ley Sobre Libre Acceso a la Información Pública”. Aunque el método seguido para obtener esa información no ha sido explicado, puede aceptarse como referencia para fines de un análisis preliminar.

En el estudio se establece que de 85 instituciones gubernamentales encuestadas, ninguna cumple cabalmente con las exigencias legales. La ley establece que el cumplimiento debe ser total, 100%. Ninguna alcanza ese nivel. Sin embargo, examinando el “ranking”, tal como le llaman los publicistas anglófilos, uno se siente tentado a revisar cuáles instituciones son las que más cumplen con la ley y cuáles las que menos caso hacen a la legalidad.

Alegra saber que entre los organismos que más han respetado esa legislación están la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia y la Dirección General de Impuestos Internos. Pero por otro lado asusta ver cómo aquellos organismos donde el dinero corre a raudales son los más reacios a la transparencia. No en balde la violación absoluta a la Ley Sobre Libre Acceso a la Información Pública la tiene la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado dirigida por el ingeniero Félix Bautista.

Allí, el rechazo a esa legislación es, literalmente, absoluto. Acompañan a la inefable OISOE en la lista de rebeldes consuetudinarios el Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Superintendencia de Seguros, la Policía Nacional, la Dirección de Aduanas, la Secretaría de las Fuerzas Armadas y la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). Cada una de estas con una larga cola de escándalos nunca resueltos.

Sus principales funcionarios se niegan a abrir, voluntariamente, la mínima brecha que permita adivinar sus finanzas, las que conjuran el hechizo de enriquecer súbitamente a personas y empresas de sus asociados con una celeridad de espanto. Ellos rechazan a sangre y fuego que sus transacciones se abran a la vista del público, tal como exige la ley. Hasta donde se conoce, la legislación no establece sanciones para los jefes de los organismos que caen dentro del campo del delito en la administración pública. Aunque hubiera algún tipo de castigo, no tendría importancia dada la impunidad absoluta que han disfrutado los funcionarios del gobierno actual.

Visto esto, habría que llegar a la conclusión de que el monto de dinero administrado es directamente proporcional al nivel de secreto mantenido. Porque dinero y secreto van de la mano, cual hermanos gemelos, que tienen como motivación principal la perpetuidad del presidente Leonel Fernández en el poder de la nación, ya directamente o a través de interpósita persona. En ese estrecho círculo vicioso del poder se ha establecido desde hace tiempo la Omertá, la ley del silencio de la mafia. La obstinación forzada hacia el silencio hace que ninguno de los funcionarios involucrados en esa estrategia admita alguna vez haber visto, escuchado, o hecho algo que implique la malversación de fondos públicos.

Ay de aquel que ose filtrar mínimamente los gastos de la OPRET en el tren urbano de Santo Domingo llamado Metro o sobre los desaparecidos millones de dólares del préstamo de la Sun Land, o divulgue las “órdenes superiores” que reproducen infinitamente los ajusticiamientos extra judiciales de la Policía o las exoneraciones de impuestos negociada, entre muchas otras. La muerte civil o física podría ser el castigo para aquel que ose violar la Omertá gubernamental.

Pero el secreto empieza a agrietarse desde que son dos los que comparten la información. Con más de uno, la secrecidad desaparece. Por eso nos enteramos de tantas cosas. El saqueo del erario por los funcionarios ha crecido tanto que necesita de una estructura corporativa como las principales empresas privadas. En el organigrama del robo hace falta mensajeros y chóferes, así como expertos financistas especializados en el lavado de dinero sucio. Tanto que hasta cuentan con “chivos expiatorios” a su disposición para los casos extremos donde las evidencias sean demasiado contundentes. Aunque después los indulten bajo excusas baladíes.

No en balde el secreto y el dinero mal habido son directamente proporcionales, por lo que es imprescindible la Omertá gubernamental para eternizarse en el poder.