Cada caso es llover sobre mojado. Las auditorías revelan una y otra vez que las fórmulas para hacerse con el dinero del Estado suelen ser casi siempre las mismas y que, por más leyes y organismos de control que existan, los funcionarios siempre se las arreglarán para evadirlos y llevarse su buena tajada del pastel gubernamental.
En el caso del último escándalo, el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), las irregularidades se cometieron en compras de bienes y servicios sin contratos previos y compras directas (sin licitaciones) por un monto de RD$3,029,885,296. Algunas compras, por demás, se hicieron a empresas vinculadas a los funcionarios de la OMSA.
Lo más bonito es que allá hay una Unidad de Auditoría Interna que, en teoría, debe cumplir los procedimientos de control para “garantizar la transparencia en las operaciones” y “formular acto de oposición a toda orden de pago que no cumpla con las normativas legales y reglamentarias”.
Para la Contraloría, sin embargo, ellos no han incumplido porque la OMSA se amparaba en una resolución de Compras y Contrataciones Públicas. Pero, ¿no está en sus competencias ir más allá y verificar los procesos? ¿Cómo es posible que la OMSA pagara más de RD$1,056 millones a proveedores con domicilios irregulares y no lo vieran? Algo falla ahí.
El manejo de la OMSA dice que urge revisar la Ley de Compras y los procesos de control interno. ¿De qué vale tener un marco regulatorio si un funcionario puede durar cinco años, como sucedió con Manuel Rivas, haciendo lo que quiera? De nada sirve cacarear si al final no se aplican las reglas.