TOKIO. La organización ecologista Sea Shepherd acordó pagar 2,55 millones de dólares a los operadores de los balleneros japoneses por infringir una prohibición judicial de acercarse a sus barcos, indicaron este miércoles las partes implicadas.

La suma se destinará al Instituto Japonés de Investigación de Cetáceos (ICR en sus siglas en inglés) así como al armador Kyodo Senpaki, que llevaron a cabo misiones de «investigación científica» ballenera por cuenta de Japón. A pesar de la prohibición de la caza comercial y de las protestas internacionales, Japón quiere seguir capturando cetáceos en sus costas, en el Pacífico Noroeste y en la Antártida, pretextando el «interés científico» de sus campañas. La justicia estadounidense emitió a finales de 2012 una orden que prohibía a Sea Shepherd -o a cualquiera que actuara con ella- a acercarse a menos de 500 metros de los balleneros japoneses.

Pero los activistas de la organización con sede en Estados Unidos continuaron con sus campañas de acoso a principios de 2013, provocando enfrentamientos en alta mar. Las autoridades japonesas llegaron a calificar en numerosas ocasiones de «terroristas» los métodos utilizados por Sea Shepherd.

En un comunicado publicado el miércoles, el ICR, subvencionado por el Estado, saludó este acuerdo extrajudicial alcanzado la semana pasada y dijo esperar que permita «prevenir las injerencias irresponsables de Sea Shepherd en nuestras investigaciones científicas». La abogada de Sea Shepherd, Claire Loebs Davis, precisó, en otro comunicado que la organización no admite sin embargo su culpabilidad.

«Después de más de dos años de litigio, estamos muy contentos de terminar con este contencioso», señaló la letrada. Sea Shepherd quiere ahora dedicar sus esfuerzos a lidiar con otra demanda interpuesta por Japón, que pide una orden de alejamiento permanente contra la organización. Será, según la abogada, la oportunidad de demostrar que las actividades del ICR japonés son «peligrosas e ilegales».

Japón tuvo que renunciar a la campaña de caza 2014/15 en la Antártica tras un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El principal órgano judicial de la ONU dictaminó en marzo de 2014 que Japón perseguía en realidad fines comerciales amparándose en una exención científica prevista por la moratoria de 1986 sobre la caza de ballenas.