La ONU, que ha desplegado una nueva misión en Haití en octubre para apoyar el desarrollo durable en el país, no quiere contentarse con discursos bonitos: en materia de corrupción y de derechos humanos las autoridades haitianas tendrán que pasar a los hechos. «Han dicho que quieren luchar contra la corrupción, y tendrán que rendir cuentas», afirmó Susan Page, quien dirige la misión de las Naciones Unidas que apoya a la justicia en Haití (Minujusth), en referencia a las declaraciones de miembros del gobierno.
«Les tomaré la palabra, pero también los voy a ayudar si es lo que realmente quieren», agrega la diplomática de carrera estadounidense.
Electo presidente tras una crisis político-electoral que paralizó al país durante dos años, Jovenel Moise insiste en que va a dedicar su mandato a sanear la vida política.
«La corrupción en todas sus formas gangrena y atrofia la economía, ha debilitado profundamente las bases de la política y desestabilizado el tejido social del país: la corrupción es un delito contra el desarrollo», declaró a fines de setiembre el mandatario en el estrado de las Naciones Unidas en Nueva York. La preocupación reside en que esos discursos tardan en materializarse. A fines de agosto un ministro fue despedido a causa de sospechas de corrupción, pero aún no se emprendió acción judicial alguna. La Minujusth inicia su mandato en momentos en que un símbolo del despilfarro financiero en Haití vuelve a estar a la orden del día: los senadores debatirán el jueves el informe parlamentario que acusa a una quincena de exministros, que ejercieron cargos entre 2010 y 2016, por «fraude a gran escala». «Veremos cómo van a reaccionar, no solamente ante el informe, sino también en general», explica Susan Page, recordando la existencia de instituciones haitianas a cargo de la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero.
«¿Fortalecerán la capacidad de los funcionarios de esos organismos? ¿Realmente van a realizar investigaciones y les darán seguimiento hasta el final? ¿Llevarán a los responsables ante la justicia? Ya se verá», agregó.
Gangrenada por la corrupción, la justicia del país tiene fama de ser muy lenta. Con una tasa de ocupación de 400%, la sobrepoblación de las cárceles haitianas es una de las más altas del mundo. Sostener el Estado de derecho exige un compromiso real con la mejora de las condiciones de detención, pero también en ese terreno la Minujusth se niega a tomar la iniciativa. «Es un viejo problema que los haitianos deben resolver. Estamos allí para apoyar, no para hacer», asegura Susan Page. «Deben tener la voluntad política para hacerlo», señala. Recuperar la imagen de Naciones Unidas en Haití sí incumbe en cambio a esta nueva misión y ello supone un trabajo tan colosal como la mejora del sistema judicial nacional.