Definitivamente, todo parece indicar que los expertos y burócratas de las Naciones Unidas tienen la convicción de que hay una salida dominicana a la crisis haitiana.

Pero esa es una convicción equivocada que la República Dominicana, sus autoridades y la sociedad en su conjunto tienen que rechazar y demostrar que se trata de una visión equivocada.

Los dominicanos reciben ciudadanos haitianos desde hace más de 130 años. Hasta finales de los años 70 del siglo pasado era un movimiento migratorio organizado, acordado entre los dos países y de acuerdo a las necesidades de mano de obra que presentaban las industrias azucareras.

Pero desde principios de los años 1980 el orden migratorio se descalabró y el país inició el recibo de oleadas de haitianos, hombres y mujeres, que venían en busca de mejor vida. Comenzó así el fenómeno de los indocumentados.

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Las sucesivas crisis políticas de Haití y una economía cada vez más flaca alimentaban la emigración. El fenómeno era estimulado, hay que admitirlo, por la corrupción existente en la faja fronteriza, corrupción de civiles y militares.

Tal es la situación que hoy se cuentan por cientos de miles los ciudadanos haitianos indocumentados que se encuentran en casi toda la República Dominicana. Es verdad que muchos son necesarios para la agropecuaria, la construcción y otras actividades, pero los que hay superan el número que necesitamos.

Esta es una situación insostenible para el país. Es un fenómeno que nos genera grandes dificultades económicas, sociales, sanitarias, políticas y de orden internacional. La República Dominicana no puede aceptar en su territorio oleadas de indocumentados, ni campos de refugios, ni oficinas extranjeras para bregar con cuestiones para Haití.

Definitivamente, no hay una solución dominicana para la crisis haitiana.