EFE 
Bandas den Haití. Archivo
Ginebra.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reclamó este martes el cumplimiento pleno del embargo de armas para frenar los suministros que reciben las bandas criminales en Haití, una decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuya renovación por un año más se debatirá la próxima semana.
«Las armas y las municiones no se fabrican en Haití, vienen de empresas de otros lugares. Los Estados deben hacer más para aplicar plenamente el embargo del Consejo de Seguridad a los exportadores de armas que operan en o desde su territorio», dijo el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk.
En el debate dedicado en el Consejo de Derechos Humanos a la situación en Haití, Türk recordó que este acceso al armamento ha causado miles de asesinatos, desplazamientos masivos y otras violaciones de los derechos humanos entre febrero y julio de este año, periodo que cubre el último informe elaborado por su organismo.
Las investigaciones de la ONU han permitido documentar asesinatos selectivos, tiroteos al azar, secuestros masivos, reclutamiento forzoso, trata de menores e incendios y saqueos de pueblos y ciudades, todos estos actos criminales perpetrados «por bandas cada vez más poderosas».
Denunció también que la violencia sexual «ha alcanzado nuevas cotas de brutalidad», tras haberse documentado violaciones colectivas.
La ONU ha denunciado varias veces en las últimas semanas la violencia caótica en la que está sumida Haití, donde el control que ejercen las bandas de las vías terrestres ha interrumpido la provisión de servicios básicos.
Türk indicó que entre las consecuencias está que casi cinco millones de personas estén sufriendo de inseguridad alimentaria aguda, con un tercio de la población con síntomas de desnutrición.
El alto comisionado dijo a los países presentes que hay que apoyar un modelo de buen gobierno en Haití, en particular en el ámbito de la justicia, la policía y el sector penitenciario, al tiempo que se abordan problemas aún más profundos, como la pobreza y la desigualdad.
En este sentido, felicitó el plan de acción del gobierno de transición para luchar contra la corrupción y que incluye la formación de unidades judiciales especializadas para luchar contra crímenes masivos, como la violencia sexual, o de orden financiero.
