La muerte del concejal opositor Fernando Albán desató ayer una ola de acusaciones contra el Gobierno venezolano por tratarse de un considerado “preso político” que estaba bajo custodia de las autoridades cuando se suicidó según la Fiscalía, aunque esta versión ha sido ampliamente rechazada.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios Gobiernos han pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro una investigación independiente que determine responsabilidades en este caso. La primera instancia internacional en pronunciarse este martes al respecto fue la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU al indicar que investigará este suceso ocurrido ayer dentro de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia , en Caracas. La portavoz de la oficina, Ravina Sahmadasani, explicó en rueda de prensa desde Ginebra que la muerte en custodia del concejal Albán será uno de los asuntos que incluirá la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos que realizará la entidad. Luego, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó a Caracas a llevar a cabo una investigación “rigurosa e independiente». “Es el deber del Estado garantizar la seguridad e integridad física de todas las personas en custodia, así que ahora esperamos una investigación rigurosa” de Albán, indicó una portavoz de Mogherini.